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Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2020

El gran desafío para impulsar el Gobierno Abierto (GA) en México después del COVID-19 sera monumental. La tarea de abrir los datos gubernamentales relacionados con la pandemia, mantener la privacidad e intimidad de las personas para controlar la expansión del virus e impulsar el uso de tecnología para vigilar a las personas con síntomas o sin ellos, son temas fundamentales que forman parte del acceso a la información, los datos abiertos y buenas prácticas de colaboración, participación ciudadana y uso de tecnologías de información y comunicación.

Cuando se hizo la recolección de datos para esta investigación – Febrero – no se conocía el impacto del nuevo coronavirus ni de sus efectos en México. Por lo tanto, este estudio reporta la última versión de los portales estatales de transparencia antes de la pandemia.

Como cada año que se ha publicado este ranking desde el 2006, el reporte en extenso, la metodología y las bases de datos se pueden descargar libremente desde el sitio web https://rodrigosandoval.mx/gobierno-abierto/. Este estudio apoya la ciencia abierta y el acceso libre.

La Metodología

El modelo teórico usado para la investigación se desarrolló en el 2014, el cual permite hacer consistente la evaluación anual a la fecha y se basa en cinco componentes:

1. Arreglos Institucionales

2. Datos Abiertos

3. Colaboración Vertical

4. Coproducción o Colaboración Horizontal

5. Interfase

El cuestionario usado no se ha modificado y contiene 63 reactivos. La visita a los portales electrónicos se realizó durante febrero del 2020, en un lapso de tiempo entre los 20 y 40 minutos por cada portal. El paso previo fue validar las direcciones URL (Localizador de Recursos Uniforme) de cada uno de los portales verificando que fuera el sitio web oficial para el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Una vez concluída la recolección de los datos la captura se validó por dos personas antes de proceder a su análisis.

Es preciso aclarar que en este año el portal de transparencia del estado de Sinaloa no estuvo disponible para su evaluación durante el mes de febrero y hasta el 03 de Marzo que se hizo el último intento para evaluarlo. Si bien mostraba su página hogar (index) no se podía acceder a ninguna de las páginas. Por lo que en este caso solo se valoraron 31 estados y se pierde la continuidad del análisis para esta entidad así como su ubicación en el ranking este año.

En la fase de análisis de los datos se ponderaron los componentes estadísticamente para que tuvieran el mismo peso, se sumaron los datos, se multiplicaron por cien y se ordenaron de mayor a menor. Además se continúa presentando la gráfica de semáforo, donde el verde representa el máximo nivel de desarrollo, el amarillo indica que está en proceso y el rojo muestra el nivel más bajo, buscando así destacar visualmente las áreas de oportunidad más urgentes.

URL´s de los Portales Electrónicos de Transparencia

Aguascalientes: http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/

Baja California: http://www.transparenciabc.gob.mx/

Baja California Sur: http://www.bcs.gob.mx/transparencia/informacion

Campeche: http://www.transparencia.campeche.gob.mx/

Chiapas: http://www.chiapas.gob.mx/transparencia

Chihuahua: http://transparencia.chihuahua.gob.mx/

Ciudad de México: http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/

Coahuila: http://coahuila.gob.mx/

Colima: http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/

Durango: http://transparencia.durango.gob.mx/

Estado de México: http://edomex.gob.mx/transparencia

Guanajuato: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/

Guerrero: http://transparencia.guerrero.gob.mx/

Hidalgo: http://transparencia.hidalgo.gob.mx/

Jalisco: http://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia

Michoacán: http://laip.michoacan.gob.mx/

Morelos: http://morelos.gob.mx/#transparencia

Nayarit: https://transparencia.nayarit.gob.mx/

Nuevo León: http://transparencia.nl.gob.mx/site/bienvenida

Oaxaca: https://www.oaxaca.gob.mx/transparencia/

Puebla: http://transparencia.puebla.gob.mx/

Querétaro: http://www.queretaro.gob.mx/spf/mainTransparencia.aspx

Quintana Roo: https://www.quintanaroo.gob.mx/transparencia

San Luis Potosí: http://transparencia.slp.gob.mx/

Sinaloa: http://transparencia.sinaloa.gob.mx/

Sonora: http://transparencia.sonora.gob.mx/

Tabasco: https://transparencia.tabasco.gob.mx/

Tamaulipas: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/

Tlaxcala: https://transparencia.tlaxcala.gob.mx/

Veracruz: http://www.veracruz.gob.mx/transparencia/

Yucatán: http://transparencia.yucatan.gob.mx/

Zacatecas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx/

Hallazgos

El estado de Zacatecas repite por segundo año consecutivo en la primera posición del ranking. Además aumenta su puntaje hasta lograr 79 puntos, cuando el año anterior obtuvo 70.61. Muy por debajo queda en segundo lugar el estado de Sonora obteniendo 59.8 puntos y en tercera posición Oaxaca con 53.4.

De igual forma, repite Campeche como el estado en la última posición del ranking, aunque subiendo ligeramente su puntaje con 10.47 puntos en comparación con los 9.69 de 2019; sin embargo, representa una diferencia de más de sesenta puntos entre la primera y última posición. Por otro lado, destaca que Ciudad de México (29.3), Guerrero (25.21) y Morelos (29.7) aparecen en las últimas posiciones del ranking.

El promedio general alcanzado fue de 41.7 lo que representa una caída de 2.49 puntos en comparación con el promedio del 2019 (44.19). 21 estados (67.8%) estuvieron por arriba del promedio; en cambio, diez estados (32.2%) quedaron por debajo de la media.

Por vez primera en el ranking, dos entidades lograron mantener su posición sin cambios de un año a otro: Zacatecas y Quintana Roo. Las entidades que perdieron posiciones en el ranking en comparación con 2019 fueron: Guerrero (-21) Chihuahua (-12). En cambio, los estados que ganaron lugares fueron: Colima (+21) Michoacán (+16) Coahuila (+12) Oaxaca (+12) Veracruz (+10). Destacando Colima que llega a la quinta posición del ranking cuando en el 2019 estaba en la posición 26.

 

Analizando por Componentes

Los componentes del ranking muestran un mejor resultado este 2020 comparado con 2019. Por ejemplo, el componente de disposiciones legales aumentó su promedio general, al pasar de 51.56 (2019) a 69.06 (2020) un aumento de 17.5 puntos el mayor incremento que ha tenido en los últimos años. En este sentido, 21 entidades estuvieron por arriba del promedio (70.2%) comparación con los nueve estados que quedaron por debajo de la media. Destacan Colima y San Luis Potosí como los campeones de cumplimiento en disposiciones legales; contrasta con los últimos lugares como Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Guerrero además de Campeche que no obtuvo un solo punto en este componente.

La evaluación del componente de datos abiertos, había tenido un aumento consistente en el 2018 (38.8) al 2019 (49.38), pero en este año el promedio tiene una marcada caída de 8.18 puntos para alcanzar 41.25. Zacatecas es la entidad que alcanza el mayor puntaje en este componente (72). El 58% de los estados (18) quedan por arriba del promedio; trece estados (41%) queda muy por debajo y los estados más rezagados fueron: Nayarit (20), Campeche (16) y Guerrero (12).

El componente de colaboración vertical logra un promedio de 30.80 puntos. Una abrupta caída de 15.18 puntos en comparación con 2019 (45.98). Solo once entidades se colocaron por arriba de la media (35%) y veinte estados (65%) por debajo. Los que obtienen altos puntajes son: Zacatecas (71.4), Sonora (71.4), Durango (57.1) y Coahuila (57.1). En cambio, Campeche y Morelos carecen de puntos en este componente, y los más rezagados con 14.29 puntos fueron: Nuevo Leon, Baja California Norte, Tamaulipas, Ciudad de México y Nayarit.

El componente de colaboración horizontal se desploma al perder 11.87 puntos entre un año y otro, es decir la mitad de su valor. Al pasar de 23.75 en el 2019 a un promedio 11.87 puntos en el 2020. Sobra decir que las variables que mide este componente son la participación ciudadana y el uso de las redes sociales para impulsar la interacción ciudadano-gobierno.

En este componente nueve estados (29.1) se mantienen por arriba del promedio, una amplia caída por que en el 2019 fueron 17 entidades y 22 estados quedan por debajo; lo más grave es que catorce estados (45%) no presentaron ningún puntaje y la diferencia con Zacatecas (80), que fue el primer lugar es el doble de puntos comparado con el segundo lugar: Oaxaca (40). Esto demuestra un cambio importante ya que los datos apuntan a una pérdida de interés y de voluntad política por impulsar la participación ciudadana.

El último componente de interfaz mide las acciones que se realizan para mejorar la visualización del portal y la interacción humano-máquina. El promedio refleja un aumento sostenido los últimos años, al alcanzar 55.96 puntos, cuando en el 2019 fue de 50.28 y de 41.47 (2018). Quince estados se sitúan por arriba de la media (48.3%) y 16 estados por debajo (51.6%). Los estados con mayor puntaje fueron Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca. con 72.7 puntos. Las entidades más rezagadas con 36.3 puntos fueron: Veracruz y Campeche.

 

HALLAZGOS DEL SEMÁFORO 2020

La expresión gráfica de los resultados a través de un semáforo permite obtener otra mirada de la investigación. El primer hallazgo es que el único estado en verde es Zacatecas. Veinte estados se encuentran marcados con color rojo (64.5%) y apenas diez estados (32%) con color amarillo.

En este ranking los colores confirman gran parte de los resultados que se han comentado en los componentes. Por ejemplo, el único componente que se observa con bastantes estados en color verde se trata de disposiciones legales – arreglos institucionales – en cambio los componentes de colaboración (horizontal y vertical) muestra claramente colores rojos.

En cambio, el componente de datos abiertos se encuentra con colores amarillos en gran parte de las entidades. Algo muy similar puede apreciarse con el componente de interfaz. Sin embargo, a nivel general el estudio revela que los estados se encuentran en zona roja en casi todas las variables, excepto disposiciones legales e interfaz.

 

Conclusiones

El Ranking de portales estatales de transparencia (RPET) 2020 confirma lo que experimentamos los mexicanos con la pandemia: los datos gubernamentales siguen cerrados. El gobierno abierto no ha avanzado. Sí bien los estados cumplen con las leyes – componente disposiciones legales – y lo hacen a través de una interfase sencilla y amigable – componente interfaz – el objetivo de su portal no se cumple.

El estudio de este año presenta evidencia de que los portales estatales de transparencia se han olvidado de la participación ciudadana, de las formas de impulsar interacciones entre los datos gubernamentales y los ciudadanos, así como de las redes sociales para compartir y difundir los datos abiertos.

En momentos donde la apertura gubernamental es más urgente que nunca para fortalecer la confianza e impulsar la legitimidad, la sombra de la opacidad se cierne cada vez más en los datos gubernamentales, la privacidad de la información y nuestros datos personales.

Espero que estos hallazgos ayuden a la reflexión y apoyen la discusión para promover un gobierno abierto tan necesario y urgente como lo es para nuestro México.

Agradecimientos

Desde el 2006 qué se publica este reporte primero en Política Digital y posteriormente en U-gob; esta investigación ha sido financiada sólo por su autor para garantizar su imparcialidad y permanencia no ha recibido patrocinios públicos ni privados de ningún tipo. Este estudio contó con la invaluable colaboración de Lizbeth Valle, Vanessa Sanchez Sánchez, Eduardo Herrera y Josué E. Vega Hernández.

Rodrigo Sandoval Almazán

rsandovala@uamex.mx

Es Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro y Doctor en Administración de Empresas por el ITESM Campus Ciudad de México (2006). Es investigador Nacional nivel 2 avalado por el CONACYT desde el 2010. Fue coordinador del Proyecto Internacional Educación Transnacional para el Gobierno Abierto 2016-2018 Financiado por ERASMUS de la comunidad Europea. Es evaluador de portales de gobierno estatal y portales de transparencia desde 2006. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y líder de la Red de Tecnologías de información para la Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno de la UAEMEX, en conjunto con la Universidad de Albany Nueva York, el CIDE y la UDLAP. Recientemente ha publicado en coautoria los libros: “Avances y Retos del Gobierno Electrónico en México” y Hacia el gobierno digital en México: Conceptos y Experiencias (IAPEM). Sus intereses de investigación incluyen: Inteligencia Artificial en el Gobierno, redes sociales en el gobierno; medición de gobierno abierto y medición de gobierno electrónico.

 

Artículo Tomado De: https://www.ragamx.org/post/ranking-de-portales-de-transparencia-estatal-2020

REPORTE ANUAL DEL RANKING DE PORTALES ESTATALES DE TRANSPARENCIA 2020

Dr. Rodrigo Sandoval Almazán
Profesor investigador, Universidad Autónoma de Estado de México, Miembro de la RAGA MX

El grado de avance en la implementación del Gobierno Abierto (GA) debe medirse constantemente. Una de las formas de hacerlo a través de la tecnología de portales web, donde se exponen los datos abiertos, los cambios legales de transparencia y las formas de participación ciudadana, todos ellos practicas centrales para lograr la aspiración de un Estado Abierto.

El reporte de investigación contiene dos grandes secciones: una primera parte describe los resultados del ranking 2020, e incluye esta introducción y la metodología del estudio anual. La segunda parte, reporta los resultados longitudinales durante los años 2015 al 2020 a partir de la posición en el ranking, por promedio y componente. Finalmente, en la última sección se comentan las conclusiones generales y apuntar los futuros del gobierno abierto para México.

 

Artículo Tomado De: https://www.ragamx.org/rodrigo-sandoval-almazán

De Gobierno Abierto a Estado Abierto

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

Durante el 66o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones, celebrado en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial el “Open Government Partnership” (OGP) o “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA) como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil  y hoy cuenta con 75 miembros, 16 de los cuales son de Latinoamérica y el Caribe.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) está orientada a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. En todos los países adscritos, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. La  AGA se propone apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar al gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, proveer cobijo a reformas difíciles, y crear una comunidad de práctica de reformadores en la materia a nivel global.

Ahora que la Alianza está establecida, y ha crecido significativamente, su principal objetivo durante los próximos años es asegurar que existan cambios reales en la mayoría de los países que participan y que estos cambios benefician a sus ciudadanas y ciudadanos.

Este manual proporciona información clara sobre los roles y responsabilidades de los actores domésticos, los ciclos del plan de acción, la estructura y los plazos de presentación de informes de IRM, y más.

Para incorporarse a OGP los países deben comprometerse a sostener los principios de un gobierno abierto y transparente al suscribir la Declaración de Gobierno Abierto. Al suscribir esta Declaración, los países se comprometen a “fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”.

Esta guía destaca pasos prácticos, mesurables y específicos que los gobiernos pueden y están adoptando teniendo en cuenta un rango de temas transversales y áreas estratégicas

Asumiendo los principios contenidos en las precedentes Cartas Iberoamericanas del CLAD sobre Función Pública (2003), Gobierno Electrónico (2007), Calidad en la Gestión Pública (2008), Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), y sobre Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013), así como lo establecido en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006), la presente “Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto” busca vertebrar los aportes previos de estos documentos estratégicos, y ofrecer una plataforma de base que articule los elementos necesarios para la apertura gubernamental en Iberoamérica, proponiendo un marco de referencia común, no vinculante jurídicamente, para que los gobiernos y Estados de la región puedan adaptar sus pilares, principios, mecanismos y orientaciones al particular contexto institucional y de idiosincrasia propias de cada país.

Principios de Gobierno Abierto

Según la Alianza para el Gobierno Abierto, los principios fundamentales del Gobierno Abierto son los siguientes:

  • Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertas, completas, oportunas, gratuitas y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formato brutos, susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.
  • Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.
  • Rendición de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.
  • Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.

ARTÍCULO TOMADO DE: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/AGA

 

The Practice and Potential of Blockchain Technologies for Extractive Sector Governance

Important questions are being raised about whether blockchain technologies can contribute to solving governance challenges in the mining, oil and gas sectors. This report seeks to begin addressing such questions, with particular reference to current blockchain applications and transparency efforts in the extractive sector.

It summarizes analysis by The Governance Lab (GovLab) at the New York University Tandon School of Engineering and the Natural Resource Governance Institute (NRGI). The study focused in particular on three activity areas: licensing and contracting, corporate registers and beneficial ownership, and commodity trading and supply chains.

Key messages:

  • Blockchain technology could potentially reduce transparency challenges and information asymmetries in certain parts of the extractives value chain. However, stakeholders considering blockchain technologies need a more nuanced understanding of problem definition, value proposition and blockchain attributes to ensure that such interventions could positively impact extractive sector governance.
  • The blockchain field currently lacks design principles, governance best practices, and open data standards that could ensure that the technology helps advance transparency and good governance in the extractive sector. Our analysis offers an initial set of design principles that could act as a starting point for a more targeted approach to the use of blockchain in improving extractives governance.
  • Most blockchain projects are preliminary concepts or pilots, with little demonstration of how to effectively scale up successful experiments, especially in countries with limited resources.
  • Meaningful impact evaluations or peer-reviewed publications that assess impact, including on the implications of blockchain’s emissions footprint, are still lacking. More broadly, a shared research agenda around blockchain could help address questions that are particularly ripe for future research.
  • Transition to a blockchain-enabled system is likely to be smoother and faster in cases when digital records are already available than when a government or company attempts to move from an analog system to one leveraging blockchain.
  • Companies or governments using blockchain are more likely to implement it successfully when they have a firm grasp of the technology, its strengths, its weaknesses, and how it fits into the broader governance landscape. But often these actors are often overly reliant on and empowering of blockchain technology vendors and startups, which can lead to “lock-in”, whereby the market gets stuck with an approach even though market participants may be better off with an alternative.
  • The role played by intermediaries like financial institutions or registrars can determine the success or failure of blockchain applications.

This research was funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the German International Development Cooperation (GIZ).

 

Artículo Tomado De: https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/practice-potential-blockchain-extractive-sector-governance

Gobierno Digital, Gobierno Abierto

Es un hecho que el acceso a internet revolucionó el funcionamiento de la sociedad, lo que apresuró la transformación digital que tomó fuerza a nivel global a fines del siglo pasado. Este fenómeno impactó de manera disruptiva en varios sectores importantes para el crecimiento y desarrollo de las ciudades; nuestra vida cotidiana, las empresas y los gobiernos han tenido que adaptarse a este nuevo paradigma emergente y renovar diversos procesos.

En particular, los gobiernos se enfrentan a una nueva realidad: la digitalización que deriva de procesos de automatización sin precedentes. Esta ha prometido hacer más eficientes los procesos gubernamentales y de paso eliminar la corrupción. En esta coyuntura, un gobierno digital bien ejecutado significa estar más cerca de los problemas de la gente y las comunidades, así como fomentar políticas públicas con un alto grado de participación ciudadana y que plasmen soluciones concretas a desafíos reales de las sociedades.

Dentro de esta transformación digital, la transparencia es un eje rector en la construcción de un Gobierno Abierto y deja de ser una utopía, por lo que, de ser llevada a cabo de manera oportuna, genera cambios en la concepción, gestión y prestación del servicio público. Como ejemplo, la automatización mejora el desempeño gubernamental en sus operaciones, implementando nuevas reglas sobre la manera en que los gobiernos se relacionan con los ciudadanos, a pesar de presupuestos limitados o con los recursos ya existentes.

Por otra parte, la relación digital ciudadanía-gobierno facilita el brindar información sobre servicios administrativos y la ejecución de los mismos, así como la gestión efectiva de las peticiones más recurrentes. Esto equivale a reducir plazos, aligerar trámites y administrar el tiempo de reacción de un gobierno frente a su ciudadanía. Para lograr esta transformación digital, es fundamental que los gobiernos refuercen sus relaciones con los actores tecnológicos de la Iniciativa Privada, siempre mediante una regulación plural y bajo la premisa de proteger la seguridad de quienes generamos esos datos: los ciudadanos.

En México, existen esfuerzos locales que mediante plataformas digitales se encuentran en la transición para convertirse en un Gobierno Abierto, incorporando agendas ciudadanas con mecanismos de diálogo, colaboración y rendición de cuentas. En ellos se plantea también el fortalecimiento de la participación ciudadana al dar seguimiento puntual a los temas de interés público, evaluar trámites y servicios y recibir quejas y sugerencias.

En tiempos donde la vida pública cambiará rápidamente, los gobiernos deben estar a la altura para reforzar los vínculos con sus gobernados y, a través de una gobernanza digital, adoptar mejores prácticas para una toma de decisiones más estratégica. Urge dar este paso para lograr estructurar un gobierno integrado y que trabaja en red, promoviendo una nueva cultura de comunicación, y así poder entregar a los ciudadanos los resultados que merecen.

 

Artículo Tomado De: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/8/21/gobierno-digital-gobierno-abierto-201357.html

Midiendo el gobierno abierto: hallazgos del ranking de portales estatales 2015

Se ha hablado mucho del gobierno abierto en los últimos años. No obstante, poco lo conocen los ciudadanos y los organismos gubernamentales de cualquier nivel desde el 2006, año en que surge este proyecto de investigación acerca de cómo medir el gobierno abierto en México. Utilizando los portales de internet de los organismos de transparencia estatal, se ha elaborado un estudio comparativo que los ubica contrastando diversas variables –información, diseño, interacción– con un modelo teórico. Este artículo presenta los hallazgos obtenidos en la medición 2015 para los 32 portales estatales de transparencia y acceso a la información en México. Partiendo de un breve recorrido teórico para distinguir entre gobierno abierto, transparencia y acceso a la información, se presenta el modelo que orienta la investigación y recolección de datos para finalizar comentando los resultados y sus implicaciones. Se realiza este esfuerzo con la esperanza de contribuir tanto a la discusión teórica del tema como a las implicaciones prácticas que tiene para los ciudadanos, los directores de tecnologías de información en los estados y los académicos interesados en el tema, así como todos los que buscan herramientas útiles para la comparación presente y futura del gobierno abierto.

Referencia

SANDOVAL ALMAZÁN, Rodrigo, “Midiendo el gobierno abierto: hallazgos del ranking de portales estatales 2015 “, Revista Digital Universitaria, 1 de diciembre de 2015, Vol. 16, Núm. 12. Disponible en Internet: http://ow.ly/VFHMi

La inteligencia artificial ayudaría a los gobiernos a tomar mejores decisiones

Las simulaciones económicas basadas en IA todavía tienen limitaciones, pero proporcionan una visión transparente y objetiva de las consecuencias económicas de las diferentes políticas fiscales. Esta información podría ayudar a los gobiernos a tomar decisiones asumiendo menos riesgos, uno de los hándicaps que estamos viendo con la crisis del COVID-19.

Como uno de los grandes referentes en Inteligencia Artificial (IA), Salesforce señala que una de las aplicaciones más útiles y ventajosas que ofrece esta tecnología es que permite crear un campo de pruebas virtual disponible para los economistas, donde probar variables mediante simulaciones de laboratorio. Dar a conocer esta aplicación de la IA es el principal objetivo de The AI Economist, un marco de aprendizaje automático que permite realizar simulaciones de escenarios para ver el impacto social de las decisiones políticas y económicas.

El modelo tiene como objetivo un equilibrio óptimo entre igualdad y productividad, en la búsqueda de un escenario beneficioso para todas las partes: empresas, ciudadanos y Estado, y los resultados han sido prometedores hasta ahora. En las simulaciones, The AI Economist logra ganancias del 16% en comparación con el siguiente mejor modelo, y también mejora la igualdad en un 47% en comparación con el mercado libre, con sólo un descenso del 11% de productividad.

The AI Economist también es eficaz en las simulaciones con participantes humanos, logrando compensaciones competitivas de igualdad-productividad y un promedio de bienestar social ponderado por ingresos significativamente más alto. En este sentido, estos resultados sugieren que los futuros modelos fiscales impulsados por la IA podrían mejorar con éxito los resultados sociales de la misma manera que en este escenario virtual en el mundo real.

La visión de Salesforce para AI Economist es permitir un estudio objetivo del impacto de las políticas económicas en las economías del mundo real, a un nivel de complejidad que la investigación económica tradicional no puede abordar fácilmente.

Las simulaciones económicas basadas en IA todavía tienen limitaciones. Todavía no modelan los factores de comportamiento humano y las interacciones entre las personas, y consideran una economía relativamente pequeña. Sin embargo, este tipo de simulaciones proporcionan una visión transparente y objetiva de las consecuencias económicas de las diferentes políticas fiscales. Las simulaciones futuras podrían mejorar la fidelidad de los agentes económicos utilizando datos del mundo real, mientras que los avances tecnológicos y la ingeniería en gran escala podrían aumentar el alcance de las simulaciones económicas.

“Este tipo de investigaciones tiene un gran potencial para aumentar la igualdad y la productividad en el mundo real, ayudando a promover economías más justas. Esperamos que The AI Economist pueda fomentar la transparencia y el debate abierto y basado en hechos sobre la aplicación del aprendizaje automático a la toma de decisiones económicas”, afirma Richard Socher director de Salesforce Research. “Nuestra esperanza es que los futuros modelos económicos de IA puedan aumentar de manera sólida y transparente la elaboración de políticas económicas en el mundo real y, al hacerlo, mejorar el bienestar social”.

 

Artículo Tomado De: https://www.itreseller.es/al-dia/2020/05/la-inteligencia-artificial-ayudaria-a-los-gobiernos-a-tomar-mejores-decisiones

El Ciudadano Público

Una característica inequívoca de la actualidad en la que transita el mundo globalizado, es la velocidad que se ha adquirido a raíz de las innovaciones tecnológicas, sobre todo en la tecnologías de la información y comunicaciones. Hoy en día, el dinero y la información se mueven en tiempo real. Economías enteras se desbaratan y reconstruyen en cuestión de horas. Citando a Arturo Núñez: “Tenemos una economía globalizada pero no tenemos un gobierno globalizado.”

Ante este reto, hay que reconocer que la clase informática del mundo ha sido reacia a inmiscuirse en la vida del Estado. Este es un problema sistémico ya que incluso los ciudadanos equivocadamente se sienten ajenos a los políticos cuando es la misma ciudadanía la que los ha elegido. La clase política y la clase informática son clusters de ciudadanos integrados con un propósito en sí, como lo es la clase trabajadora o incluso la burocracia. Por supuesto que es evidente que hay buenos y malos trabajadores, al igual que buenos y malos políticos. Sin embargo, el mundo globalizado y el estado no globalizado cada día nos obliga más a crear una clase híbrida político-informática.

Según Weber, clase social se define como aquel grupo que comparte una idéntica situación con respecto a la provisión de bienes, posición y destino personal. Partiendo de esto podemos entender a los miembros del servicio público como una clase en sí; una clase, que desde Marx y Popper, no ha tenido una actualización en cuanto a la división del trabajo. La base de esta división es la afirmación: El servidor público atiende al público desde donde puede atenderlo.

La afirmación anterior, aunque válida, es cada día más caduca ante la realidad y el vértigo en el que vivimos. Los Gobiernos, a nivel mundial, empujan hacia una descentralización y desconcentración de la administración pública. Además, la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de eficiencia y ahorro del gasto público son el tema de boga entre la clase política.

Por todo lo anterior, el teletrabajo, con sus diferentes acepciones constituye una nueva visión del trabajo. Un cambio de paradigma donde el servicio público puede presentar resultados como la eficiencia, el servicio orientado a resultados, la conciliación de la vida familiar y laboral, la salud y el bienestar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de la movilidad en las grandes urbes (porque evita el desplazamiento de miles de burócratas), la generación de equipos de trabajo más amplios y potentes sin barreras geográficas, y el desarrollo sostenible de un, ahora sí, gobierno globalizado. De todas las ventajas expuestas, la más noble sin lugar a dudas, es que hace posible la integración al servicio público de grupos vulnerables como las personas con discapacidad.

Ante todas estas ventajas habría que preguntarse: ¿Por qué no es el teletrabajo una práctica común en la administración pública? Las principales razones son: que se desconocen los procesos para la implantación del mismo; que la resistencia al cambio es un factor determinante; que el desarrollo tecnológico es obsoleto; que la comunicación interna y externa es deficiente, y finalmente, que la legislación no permite transitar hacia un gobierno sin papel.

El establecimiento de procesos claros definirían un modelo de teletrabajo específico que podría resolver la resistencia al cambio, considerando en primer lugar los tipos de puestos y perfiles. Un análisis necesario para implantar de forma realista, los escenarios en los cuales el trabajo se puede llevar a cabo, las horas ideales, la preparación del entorno y los recursos necesarios para el mismo.

El desarrollo tecnológico de un gobierno, y me permito agregar de una localidad, es también un factor necesario. Una conexión a internet adecuada, así como las herramientas disponibles, y los modelos apropiados de implementación tecnológica y soporte técnico preparado, son los pilares que sostienen el modelo de teletrabajo.

Aunado a esto, desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa refuerza la actuación de los tele-servidores públicos. Esta estrategia debe involucrar el compartir de manera adecuada y clara las mejores prácticas puestas en marcha y la retroalimentación sobre el impacto del programa. Con esto se establecería un marco conceptual sobre el cuál se construyan esquemas de calidad y mejora continua.

Finalmente, la legislación que permita el uso de la firma electrónica y de la documentación digital con plena validez jurídica y considerando principios como el no repudio, son el eje central de las características de arranque de este modelo.

La modernización del gobierno y su inmersión completa en el mundo globalizado no solamente obedece a la implantación de nuevas tecnologías o innovaciones, sino al marco conceptual adecuado con que se le dé tratamiento, y el correcto manejo del medio que permita el actuar ciudadano con el gobierno: la política. Es aquí donde la clase híbrida político-informática adquiere una importancia vital equiparable al sacerdocio y la clase trabajadora en la edad media y la revolución industrial respectivamente.

Para concluir, debo reconocer que no he abordado un tema sensible para México como es la corrupción y lo que podría suponer instaurar el teletrabajo para este problema tan añejo. Sin embargo, soy un convencido que a medida que nos convirtamos en idealistas y nos alejemos emocionalmente del crudo realismo que vivimos, será como lograremos establecer un cambio en nuestro gobierno. Eso sí, idealismo que considere siempre los controles adecuados para la actuación del servidor público.

Imaginemos un gobierno que trabaja desde casa, un gobierno que trabaja desde el santuario nuclear del ciudadano. Ahora, imaginemos las repercusiones que esto tendría en la forma en que se perciben mutuamente el gobierno y la ciudadanía. La línea que los separaría sería prácticamente invisible, lo que al largo plazo provocaría ciudadanos más participativos y gobiernos más ciudadanos.

Artículo publicado en: http://www.u-gob.com/ en el 2017

Gobierno abierto: Una nueva forma de hacer gobierno

En los últimos años, la Alianza para el Gobierno Abierto ha crecido de ocho a 70 países y ha promovido una verdadera transformación

 

Esta semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebramos cinco años de la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Esta coalición internacional ha reinventado la manera de hacer gobierno, reconociendo la importancia de entablar una nueva relación con los ciudadanos basada en la colaboración.

En los últimos años, la Alianza ha crecido de ocho a 70 países y ha promovido una verdadera transformación de los gobiernos, a través de la implementación de Planes de Acción basados en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación.

México se convirtió en el primer país en cumplir con el 100% de los compromisos de un Plan de Acción. Además, como presidente de la Alianza, durante el periodo 2014-2015, trabajamos para que el gobierno abierto se convirtiera en un habilitador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Para ello, impulsamos la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto y los ODS, que hoy ha sido adoptada por más de 50 países y 90 organizaciones de la sociedad civil.

Además, en México hemos llevado el gobierno abierto mucho más allá de los Planes de Acción, logrando cambios duraderos que han sido posibles gracias a la colaboración con la sociedad civil. Esto es un reflejo de que nuestro país tiene una sociedad cada vez más crítica, más participativa y más demandante. Por eso, el camino hacia el futuro es claro y se llama gobierno abierto.

Para avanzar por este rumbo, México cuenta con dos nuevos pilares institucionales: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Estos pilares representan la mayor transformación estructural de nuestra historia, en favor de la honestidad, la integridad y la rendición de cuentas en el servicio público.

Con el Sistema Nacional de Transparencia, se cumple el mandato constitucional que garantiza el derecho ciudadano a la información pública de cualquier autoridad gubernamental, de los tres Poderes y de aquellas instituciones que reciben fondos públicos, incluidos partidos políticos y sindicatos.

Por su parte, con el Sistema Nacional Anticorrupción ―que será presidido por un ciudadano―, se han adoptado las mejores prácticas internacionales para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, con un enfoque integral.

A partir de la puesta en marcha de ambos sistemas, México ha dado un paso decisivo para reconstruir la confianza ciudadana en sus autoridades y en sus instituciones.

A estos avances, se suman las políticas y herramientas que hemos desarrollado en la Alianza para el Gobierno Abierto ―como el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, la Red México Abierto y los principios de transparencia fiscal y de industrias extractivas―, que también contribuyen a la lucha contra la corrupción.

México vive momentos de cambio. Es fundamental entender que el gobierno abierto es una nueva realidad que se debe impulsar con creatividad, con acciones concretas y con el trabajo conjunto entre la sociedad civil y el gobierno.

 

Artículo Tomado De: https://elpais.com/internacional/2016/09/22/mexico/1474505778_139160.html

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