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Guadalajara será la primera “ciudad inteligente” de México: DiDi ayudará a reducir el tráfico con su tecnología de análisis vial

DiDi es mucho más que una compañía de transporte privado, al menos en su natal China, pero afortunadamente México poco a poco comienza a recibir novedades que mejorarán la experiencia de los usuarios nacionales.

DiDi ha anunciado que su tecnología de transporte inteligente ha llegado a México. Guadalajara será la primera ciudad del país en donde se implementará y pondrá en marcha su primer proyecto de “smart transportation”. Con esto, Guadalajara apunta a convertirse en la primera ciudad inteligente de México y toda la región latina -con permiso de Porto Alegre, Brasil, en donde se ha implementado el mismo sistema, pero bajo la marca 99 con la que opera en Brasil.

Análisis de datos en tiempo real para reducir el tráfico

El proyecto se ha puesto en marcha, trabajando de cerca DiDi y el gobierno de Jalisco, para el análisis de la información vial en tiempo real de 320 intersecciones de la zona metropolitana de Guadalajara. El proyecto de transporte inteligente de DiDi funciona en dos partes: la primera es el análisis de los datos recolectados durante los viajes realizados en la plataforma, para detectar patrones de comportamiento, con datos como velocidad promedio y número de paradas.

 

La segunda parte se lleva a cabo en conjunto con los semáforos inteligentes del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA) del estado de Jalisco. Toda la información recabada ayuda a las autoridades al entendimiento del comportamiento vial y su optimización en situaciones que lo requieran. Esto resultará en menor congestionamiento vial, menores tiempos de conducción, menor impacto ambiental como resultado de la reducción de emisiones, entre otras cosas.

El análisis hecho por el sistema de DiDi hasta ahora ha revelado que las horas pico principales de Guadalajara son a la 1 PM y a las 7 PM, y que las intersecciones más congestionadas son Calz. Lázaro Cárdenas con Gob. Luis G. Curiel; Av. Hidalgo con Jesús y Av. Circunvalación con Belisario Domínguez. Junto con esta información, el gobierno del estado prevé optimizar estas y otra rutas con su sistema SIGA en 2021, y lograr los impactos positivos ya mencionados.

La meta de DiDi es la implementación de su sistema en otras ciudad de México, para lograr la misma optimización vial, para lo cual el trabajo con las autoridades es parte primordial.

DiDi tiene mucha experiencia en el análisis de datos para la optimización vial. En China su sistema tiene ya un tiempo operando en más de 2,000 cruces de las principales ciudades, y según la compañía se ha logrado la reducción del tráfico en hasta 20% gracias a sus algoritmos inteligentes.

 

Artículo Tomado De: https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/guadalajara-sera-primera-ciudad-inteligente-mexico-didi-ayudara-a-reducir-trafico-su-tecnologia-analisis-vial

El reto de innovar en el sector público

Sheppard decía en 1967, “cuando una organización aprende a hacer algo que no sabía cómo hacerlo antes, y procede a realizarlo en forma sostenida, entonces un proceso de innovación ha ocurrido”. El gran reto de la innovación pública es que debe ser un cambio trascendental que rompa los moldes tradicionales de la Administración Pública y genere un beneficio social.

En otros países, cuya cultura burocrática está diseñada desde la infancia a buscar la eficiencia, el orden, la organización de las actividades y procesos, es más difícil impulsar ideas que se “salgan de la caja” y que permitan ser más creativos en las soluciones a problemas cotidianos.

Por otro lado, en países como México la creatividad parece saltar a la vista. Nuestros servidores públicos pueden arreglar casi cualquier cosa: desde un trámite hasta componer una máquina con tal de conseguir su objetivo.

Sin embargo, en años recientes, los problemas de la Administración Pública son cada vez más complejos porque tienen un conjunto de intereses y relaciones involucradas que los han hecho más difíciles de resolver y que sólo administramos para que no crezcan. Estos llamados problemas complejos son los que requieren innovación pública.

Hoy son muchos los administradores públicos con grandes ideas para solucionar estas problemáticas, aunque claramente se enfrentan a resistencias contra la innovación pública. Por ello, ofrezco cinco ideas que pueden explicar estas resistencias para que las evitemos o generemos las condiciones adecuadas para que la innovación ocurra y tengamos mejores resultados:

1. El temor y la pereza al cambio

Las ideas de los innovadores públicos deben pasar por el primer filtro de su jefe inmediato y la mayor resistencia que enfrentan es el temor al cambio. “¿Por qué lo quieres hacer diferente? ¿Va a ser más trabajo cambiar los procedimientos?”, son las preguntas que se escuchan a diario en los pasillos gubernamentales.

La razón es muy clara. Nuestra cultura organizacional no está acostumbrada al cambio, a buscar nuevos procedimientos, lograr que los trámites se hagan cada vez mejor. Dicen los administradores, “si funciona de esta forma, mejor lo dejamos y no lo movemos”, ya sea por pereza o por miedo a equivocarnos con el jefe.

2. El poder de la ignorancia

Muchas veces el temor al cambio se encuentra fundado en la ignorancia. Ha pasado que jóvenes funcionarios gubernamentales, recién graduados o quienes llegan a una posición, tienen nuevas ideas basadas en las tecnologías, en los nuevos teóricos de la Administración Pública o simplemente han leído un poco más.

Ante dicha situación, muchos jefes se sienten amenazados con esa nueva información. Su ignorancia o falta de actualización en nuevos temas hacen que eviten las nuevas ideas, aplasten propuestas innovadoras o esquiven las nuevas formas de hacer las cosas. Su propia falta de conocimientos sobre el tema los detiene y, por ello, obstaculizan a cualquiera que busque hacer innovación pública.

3. La ley, el gran obstáculo

El primer argumento que usa un jefe (por pereza o ignorancia) para evitar la innovación es “no está contemplado en la ley que nos rige. No podemos cambiar la ley para hacer lo que dices”, de tal forma que el marco legal es el primero en secuestrar las ideas originales, la creatividad y, por tanto, la innovación.

Las leyes siempre han quedado rebasadas por la realidad. De hecho, los problemas complejos avanzan más rápido que las leyes porque impiden la implementación de nuevas ideas. Por otro lado, los vacíos legales permiten generar algunas innovaciones que superan a los marcos legales para lograr su implementación.

4. La barrera del presupuesto

La mayor limitación para la innovación gubernamental tiene que ver con los recursos públicos. El gasto para la innovación y desarrollo en las organizaciones públicas mexicanas es prácticamente inexistente, salvo contadas excepciones. Por el contrario, lo que se busca es destinar los recursos para obra pública, pago de sueldos y eventos de capacitación, pero no hay dinero para mejorar la eficiencia y productividad de los servidores públicos.

Algún jefe complaciente podrá decir “hazlo, pero no gastes dinero”, o bien, “hazlo con tu propio dinero y ya veremos”, impulsado las ideas de innovación, pero sin invertir en ellas. Esta es la excusa perfecta y una limitante más que debería atenderse para impulsar la innovación de forma institucional.

5. El ego gubernamental 

Finalmente, la innovación pública golpea el ego de algunos administraciones públicos: “Nadie puede hacer las cosas mejor que yo” y por eso impiden cualquier desarrollo o innovación que atente contra su soberbia. Son los que no adoptan las resistencias anteriores, simplemente no dejan pasar ninguna innovación que ponga en riesgo su prestigio o que exponga su ignorancia ante las tecnologías o dichas soluciones.

En suma, la mayoría de las innovaciones de procesos y trámites ocurren a escondidas en las oficinas o departamentos que han descubierto alguna manera de hacer mejor su trabajo, evadiendo los canales legales tradicionales y dando resultados “sorprendentes” a sus jefes usando su ingenio.

Es una pena que la innovación gubernamental tenga que ocurrir así y que la que se genera en la actualidad se pierda cada sexenio o se deje de implementar en las oficinas donde cambian funcionarios. Espero que estas ideas sirvan para impulsar las condiciones idóneas donde ocurra la innovación pública que necesitamos urgentemente y ayuden a promover la investigación en el tema.

 

Artículo Tomado De: https://u-gob.com/el-reto-de-innovar-en-el-sector-publico/

Public value of e-government services through emerging technologies

Abstract

Purpose

The purpose of this paper is to identify the factors that generate public value in e-government services through emerging technologies and to answer the following question: Which are the factors that generate public value, in the e-government services, through emerging technologies?

Design/methodology/approach

Based on a multivariate linear regression model, the author tests the public value of e-government services through emerging technologies in the metropolitan area of the Toluca Valley. Five factors are evaluated to understand public value: anti-corruption strategies, access to public information, transparency platforms, social media and service kiosks.

Findings

Smart strategies and technologies must be guided by the generation of public value through anti-corruption strategies, open data, access to information and data privacy. The efforts of governments should focus on avoiding corruption, making government transparent, opening data and correct handling of information privacy. Technology is an important mechanism to boost public value generation.

Research limitations/implications

Mexico is a developing country, and there are very few emerging technologies implemented in e-Government.

Practical implications

The results are important to identify good practices for the generation of public value in the e-Government area.

Originality/value

The study of emerging technologies is a new area in government, and this paper studies the generation of public value through emerging technologies in a developing country.

 

Artículo Tomado De: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPSM-03-2018-0072/full/html

¿En qué áreas de la Inteligencia Artificial se debe centrar el gobierno?

El empleo adecuado de Inteligencia Artificial en el gobierno optimiza y dinamiza el funcionamiento del sector público.

El uso de Tecnología Inteligente (TI), en particular de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector público se extiende cada vez más en todo el mundo. Si bien las empresas privadas son las instancias que más utilizan TI de todo tipo, los gobiernos no han dejado de emplearla para optimizar sus servicios.

Refirámonos en particular al tema del uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público para conocer las distintas formas en que IA interviene y beneficia su operatividad.

KEY INSIGTHS

  • La IA en el sector público mejora los servicios y trámites que el gobierno ofrece a los ciudadanos.
  • Los ejes de uso de IA en el gobierno son: gestión de datos, ciberseguridad y análisis.
  • Por medio de chatbots el sector público puede optimizar significativamente su funcionamiento.

Ejes de funcionamiento de IA en el gobierno

El objetivo de utilizar IA en el sector público es mejorar los servicios, trámites e información que este ofrece a la ciudadanía; según el Massachusetts Institute of Technology son tres los ejes que deben regir la aplicación de IA en los gobiernos: una buena gestión de datos, lo que implica un acopio adecuado de información para su posterior procesamiento; ciberseguridad en el almacenamiento de información, es decir, garantía de que los datos que se obtienen de los ciudadanos y otras instancias no será utilizada con fines ilegales y maliciosos; y funciones de análisis, es decir, empleo de programas de análisis para procesar automáticamente los datos que se acopian.

 

Estas tres vertientes son, según el Massachusetts Institute of Technology las coordenadas por las que un gobierno debe de guiarse a la hora de usar IA, con el fin de robustecer y asegurar los procesos basados en esta tecnología; lo anterior lo podemos resumir como el uso inteligente y seguro de los datos que transitan en los dispositivos de una instancia del sector público, datos que tienen que procesarse de manera eficiente y conservarse de manera segura, ya que es en el universo de la información donde más opera el sector público y donde más puede aportar la IA.

Revisemos ahora algunas de las variantes más importantes de IA (hay más) que más se utilizan en el sector público.

Chat bots

Los chatbots –máquinas automatizadas que emiten información escrita o de audio, o que dialogan e interactúan con usuarios– pueden tener distintos usos en los servicios públicos: ofrecer información sobre ubicación y horarios de oficinas, lugares turísticos, sistemas de transporte, requisitos para efectuar trámites, procedimientos para obtener documentos, comunicación de alertas, traducción de idiomas, esto con chatbots que sólo envían mensajes escritos u orales o que dialogan con los solicitantes de manera sofisticada.

Los chatbots gubernamentales –como sucede en Singapur, Londres y otras ciudades– pueden utilizan chatbots en Facebook para brindar información diversa, como entradas y salidas de autobuses, rutas y mapas de carreteras e información de servicios; de igual modo gobiernos como el de Nueva York usan Watson de IBM para a través de un chatbot contestar preguntas y dudas de los ciudadanos sobre distintos asuntos; por su parte, el gobierno de Dubay lanzó un chatbot para recibir quejas sobre el suministro de agua y luz, que los ciudadanos pueden bajar como una aplicación en Android y Apple, así como usar por medio del asistente Alexa de Amazon.

Big Data Machine Learnig y Analytics

La enorme cantidad de datos tecnológicos que fluyen en los ámbitos de la administración pública y la necesidad de procesarlos de manera adecuada requieren de TI.

Para ello, tecnologías derivadas de la IA como Big Data, Machine Learning y Analytics permiten obtener volúmenes inmensos de datos estructurados o no estructurados (Big Data), detectar patrones y modelos de estos datos a partir de algoritmos creados para, por ejemplo, clasificar a los usuarios, conocer sus necesidades, problemas, peticiones y carencias para brindarles un mejor servicio (Machine Learning).

A la vez, es posible analizar la información obtenida para estar en condiciones de prever tendencias y situaciones futuras relacionadas con la administración púbica, el comportamiento y las necesidades de los ciudadanos y la creación de nuevas estrategias tecnológicas, todo ello para adelantarse a los hechos y elaborar planes y proyectos convenientes que beneficien, optimicen y dinamicen la administración pública (Analitycs).

Subrayemos por último el papel central que debe tener la ciberseguridad en el uso de TI en un sector público que está expuesto particularmente a ser atacado maliciosamente; de ahí que las estrategias de seguridad digital sean una de las prioridades de los gobiernos al utilizar tecnologías innovadoras en particular IA.

 

Artículo Tomado De: https://www.telcel.com/empresas/tendencias/notas/inteligencia-artificial-en-el-gobierno

De Gobierno Abierto a Estado Abierto

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

Durante el 66o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones, celebrado en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial el “Open Government Partnership” (OGP) o “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA) como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil  y hoy cuenta con 75 miembros, 16 de los cuales son de Latinoamérica y el Caribe.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) está orientada a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. En todos los países adscritos, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. La  AGA se propone apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar al gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, proveer cobijo a reformas difíciles, y crear una comunidad de práctica de reformadores en la materia a nivel global.

Ahora que la Alianza está establecida, y ha crecido significativamente, su principal objetivo durante los próximos años es asegurar que existan cambios reales en la mayoría de los países que participan y que estos cambios benefician a sus ciudadanas y ciudadanos.

Este manual proporciona información clara sobre los roles y responsabilidades de los actores domésticos, los ciclos del plan de acción, la estructura y los plazos de presentación de informes de IRM, y más.

Para incorporarse a OGP los países deben comprometerse a sostener los principios de un gobierno abierto y transparente al suscribir la Declaración de Gobierno Abierto. Al suscribir esta Declaración, los países se comprometen a “fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI”.

Esta guía destaca pasos prácticos, mesurables y específicos que los gobiernos pueden y están adoptando teniendo en cuenta un rango de temas transversales y áreas estratégicas

Asumiendo los principios contenidos en las precedentes Cartas Iberoamericanas del CLAD sobre Función Pública (2003), Gobierno Electrónico (2007), Calidad en la Gestión Pública (2008), Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), y sobre Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013), así como lo establecido en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006), la presente “Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto” busca vertebrar los aportes previos de estos documentos estratégicos, y ofrecer una plataforma de base que articule los elementos necesarios para la apertura gubernamental en Iberoamérica, proponiendo un marco de referencia común, no vinculante jurídicamente, para que los gobiernos y Estados de la región puedan adaptar sus pilares, principios, mecanismos y orientaciones al particular contexto institucional y de idiosincrasia propias de cada país.

Principios de Gobierno Abierto

Según la Alianza para el Gobierno Abierto, los principios fundamentales del Gobierno Abierto son los siguientes:

  • Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertas, completas, oportunas, gratuitas y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formato brutos, susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.
  • Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.
  • Rendición de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.
  • Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.

ARTÍCULO TOMADO DE: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/AGA

 

Home office: ¿quién debe pagar el café, la electricidad y el escritorio?

Países están reformando leyes para proteger los derechos de los trabajadores con ‘home office’, pues muchos podrían no regresar a la oficina.

Reuters.- Mientras el mundo se convulsiona en una crisis y decenas de millones de personas se preparan para trabajar durante largo tiempo desde casa, una pregunta se cierne sobre todos: ¿quién paga el té y el papel higiénico?

La respuesta, según los holandeses, es el empleador.

¿Y cuánto? Unos dos euros (2.40 dólares) por jornada laboral, en promedio.

Eso está destinado a cubrir no solo el café, el té y el papel higiénico que se usan durante las horas de trabajo, sino también el gas, la electricidad y el agua, más los costos de depreciación de un escritorio y una silla, todos los elementos esenciales que uno nunca soñaría pagar al ir a trabajar a una oficina.

“Hemos calculado literalmente cuántas cucharaditas se consumen en un hogar promedio, por lo que a partir de ahí no es tan difícil establecer los costos”, dijo Gabrielle Bettonville, de la institución de finanzas familiares NIBUD, la cual es financiada principalmente por el gobierno e investigó los costos adicionales del trabajo remoto.

Tal contabilidad puede parecer algo trivial en un momento en que el mundo se ve abrumado por una pandemia que ocurre una vez en un siglo, sin embargo, son relevantes ya que los expertos predicen que un legado permanente de la crisis podría ser un profundo declive del trabajo en oficinas.

Las autoridades holandesas ya han comenzado a aplicar la investigación de NIBUD, citando que ofrece a los burócratas que trabajan desde casa un “bono” Covid-19 de 363 euros este año, a partir de marzo, cuando el país entró en cuarentena.

Por supuesto, los 2 euros diarios son para un trabajador medio con costos medios, pero se pueden ajustar en función de variables como los costos de calefacción y agua de la vivienda, o la calidad de su aislamiento.

No cubre nuevos muebles, computadoras, teléfonos u otros equipos que, según NIBUD, los empleados deben recibir de sus empleadores si son necesarios para su trabajo.

De España a Reino Unido

Otros países también están tomando medidas para adaptarse a la nueva realidad del trabajo desde casa, conscientes de que muchos empleados tendrán pocas ganas de regresar a la oficina a tiempo completo, incluso una vez que la pandemia haya pasado.

España ha obligado a los empleadores a pagar por los equipos de oficina para trabajar en casa y su mantenimiento; Alemania está debatiendo un proyecto de ley que consagra los derechos de los trabajadores remotos.

Francia ha aprobado una ley que los protege de los correos electrónicos enviados fuera del horario laboral; mientras que Reino Unido ha insinuado que podría relajar las normas sobre deducciones de impuestos para equipos de trabajo comprados durante la pandemia.

Pero pocos países han profundizado tanto en los detalles como los holandeses.

“El gobierno ha dado un buen ejemplo aquí”, dijo José Kager de FNV, el sindicato laboral más grande del país, que quiere que todos quienes trabajan desde casa reciban una compensación de acuerdo con las líneas establecidas por NIBUD. “Estamos hablando de costos estructurales y continuos de trabajar desde casa”, agregó.

Sin embargo, los empleadores argumentan que los pagos adicionales tienen poco sentido en un momento en que la crisis del coronavirus ha hundido la economía.

El portavoz de la asociación de empleadores holandeses AWVN, Jannes van der Velde, dijo que los cálculos del NIBUD no reflejaban todos los beneficios que disfrutan quienes trabajan desde su domicilio.

“Este llamado de los sindicatos para que todos obtengan una compensación porque la gente ahora está haciendo su propio café en casa; se podría observar que los trabajadores también obtienen mucho tiempo libre a cambio”, dijo, citando un ahorro de tiempo promedio de una hora diaria en los viajes a la oficina.

 

Artículo Tomado De: https://www.forbes.com.mx/economia-home-office-quien-paga-cafe-electricidad-escritorio/

Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué?

Este primer año de gobierno ha traído consigo un interés por los asuntos públicos de México como hace mucho tiempo no se percibía. Las discusiones por temas económicos, educativos y sociales han estado a la orden día. Esto —sin duda— se acentúa en las discusiones presupuestarias que plasman las prioridades políticas, sociales y económicas del gobierno federal, y que despiertan cuestionamientos e inquietudes sobre los incrementos, disminuciones y en general sobre la distribución de los montos.

Es a propósito de este periodo y de un profundo interés por los vertiginosos cambios tecnológicos que actualmente se viven —y que se anticipa vendrán con mayor fuerza— que el presente texto analiza los gastos y presupuestos en ciencia y tecnología del gobierno mexicano. La idea general es sostener que el Estado, a través de sus prioridades reveladas en el gasto público, juega un rol esencial en la creación de incentivos y expectativas necesarias para catalizar la innovación y el desarrollo tecnológico. Apostar por la tecnología y las habilidades para crear valor con ella, es una acción necesaria e impostergable que un Estado preocupado y ocupado por potenciar el desarrollo debe realizar para lograr de una vez por todas la tan ansiada adaptabilidad y transformación de la matriz productiva.

Y es que las tecnologías actuales, a diferencia de las empleadas en otras épocas, tienen una mayor probabilidad de provocar la automatización o eventual sustitución de personas (como el caso de los rápidos avances en materia de robótica expuestos por el proyecto de Boston Dynamics, con los que han superado exitosamente diversos “cuellos de botella” ingenieriles). Adicionalmente, es más factible que las tecnologías actuales sustituyan largos procesos de aprendizaje (como lo sugiere la disponibilidad de servicios de traducción inmediata). Finalmente, la capacidad que ahora se dispone para almacenar e interpretar enormes cantidades de información, sugiere la posibilidad de que algunas de las capacidades cognitivas, como el procesamiento, la memorización y la toma de decisiones dejen de ser una característica exclusiva de las personas.

A nivel global, la preocupación gira en torno a los efectos que estos cambios tecnológicos tendrán en la vida laboral y cotidiana de las personas. Preocupa también —en específico— el cómo afectan y afectarán estos cambios en sus trayectorias educativas. Se estima que la exclusión tradicional derivada de un abandono temprano del sistema no sería ahora la única fuente potencial de desigualdades, ya que la tecnología podría reducir el valor de otros conocimientos, credenciales y experiencias formativas que hasta hoy representaban acceso a mejores oportunidades laborales.

Ahora bien, la velocidad exponencial del avance tecnológico ha venido a desafiar el papel que juega el Estado como actor importante en la creación de las condiciones necesarias para hacer frente a los cambios y crear valor con las tecnologías. Se presume que el Estado ha sido el origen de los cambios tecnológicos más importantes, tal como lo argumenta la economista de University College London, Mariana Mazzucato, quien sostiene este argumento señalando que de no ser por la participación de las agencias públicas, a través de la inversión, grandes innovaciones de importancia mundial, como Silicon Valley o la misma NASA hubiesen sido irrealizables. Evidencia de esto, por cierto, es lo logrado gracias a la inversión en agencias como la DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] institución creadora del primer mouse de computadora, los primeros receptores GPS en miniatura, pantallas HD y del primer asistente personal digital.

Con este antecedente, un gobierno que apuesta a la transformación y el desarrollo incluyente, no puede eludir sus responsabilidades en la creación de capacidades productivas, no sólo invirtiendo en infraestructura, sino también —y quizás, por encima de todo— creando conocimiento, innovación y nuevas tecnologías. Ante la aceleración de los cambios globales, los gobiernos tienen la oportunidad y la importante función, por medio de la planeación y ejecución del gasto público, de crear condiciones y nuevos mercados en donde interactúen las empresas, las instituciones educativas y las agencias públicas con un mismo propósito: crear riqueza, distribuirla y retomar la senda de crecimiento sostenido.

En México, las cifras de gasto demuestran que sucede lo contrario a lo que genuinamente se esperaría. El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido, y se vislumbra que tampoco lo será, una prioridad ni del Estado y en consecuencia tampoco del sector privado. No existe un liderazgo institucional que apueste por la transformación productiva. Comencemos por la perspectiva global.

El Banco Mundial ha creado un indicador de gasto en investigación y desarrollo que toma en cuenta el conjunto del gasto, corriente y de capital, que realizan las empresas, el gobierno, las instituciones de educación superior y las organizaciones privadas sin fines de lucro. Gracias a este indicador, es posible observar que en México se logra casi el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra considerablemente inferior al promedio de los países de la OCDE (2.3%).

Es importante añadir que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mide el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE). Según el informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2017 de Conacyt, este indicador ascendió al 0.48% del PIB en 2017. Si bien esta cifra es similar a la reportada por el Banco Mundial, es posible dimensionar, gracias a su construcción, que la gran parte (62.5%) proviene del sector público, mientras que el 22.9% proviene del sector privado y 14.6% de otras fuentes.1

En lo doméstico, una mirada a la evolución del gasto público en ciencia y tecnología del gobierno federal profundiza esta preocupación. La actual Ley General de Educación, en su artículo 25, señala que el monto anual que el Estado —federación, entidades federativas y municipios— destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del PIB del país; de este monto, deberá destinarse al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Desafortunadamente, las cifras muestran contradicciones y dificultades para su cumplimiento.

En los últimos 10 años, el monto asignado a ciencia y tecnología por parte del gobierno federal ha rondado entre el 0.2% y 0.3% del PIB, mostrando un repunte entre 2014 y 2015, para posteriormente comenzar un claro descenso reflejado incluso tanto en el presupuesto de egresos aprobado en 2019 (PEF 2019), como en el proyecto presentado por el Ejecutivo recientemente (PPEF 2020). En términos nominales, para el año 2019 se aprobaron alrededor de 48,728 millones de pesos, cifra que para 2020 se proyecta que ascenderá a los 49,390 millones de pesos: en valores reales significa una disminución de más del 2%. En cuanto a su importancia relativa, ciencia y tecnología ha representado alrededor del 1% del gasto público total, alcanzando su mejor año en 2015, cuando la cifra ascendió al 1.5% del gasto. Sorprende que, en la discusión presupuestaria de 2019 y 2020, esta importancia relativa haya disminuido aún más, llegando a representar apenas el 0.8% del presupuesto total del gobierno federal.

Aunado a esto, preocupa el desacople que actualmente existe entre la ciencia, la tecnología y las instituciones educativas en México. Esta conversación resulta pertinente para identificar mecanismos y políticas públicas a diseñar con el fin de que el surgimiento y aplicación de nuevas tecnologías no interactúe con desigualdades existentes, o bien culmine en desigualdades nuevas y complejas de resolver. Bajo una perspectiva en la que se asume a la educación como un mecanismo para generar mayor igualdad a través de intervenciones equitativas, anticipar los efectos y las interacciones que resultarán de un cambio en la demanda por ciertos conocimientos o competencias es un proceso clave para garantizar una mayor efectividad de los sistemas educativos. En este sentido, está evidenciado que, lejos de padecerlo, los cambios tecnológicos pueden resultar beneficiosos si la calidad de los sistemas educativos es alta y los factores se ajustan al aumento de la productividad marginal del trabajo altamente especializado.

Señalado todo lo anterior, resta argumentar por qué, cómo y para qué gastar en ciencia y tecnología.

• Por qué: Es necesario crear condiciones de adaptabilidad para los cambios tecnológicos que se avecinan. De no hacerlo, se advierte una complicidad, desde el Estado, con las profundizaciones de las brechas productivas, sociales y educativas que actualmente ya se padecen.

• Cómo: La acción inmediata consiste en aumentar el gasto en ciencia y tecnología con una perspectiva distinta, apostando por la creación de nuevos mercados en donde la innovación y el desarrollo tecnológico proliferen en toda la sociedad, provocando la participación comprometida y constante de las empresas, las instituciones educativas y a de la sociedad civil.

• Para qué: Aunado a ello, el ejercicio de este gasto debe reflejarse en más y mejores condiciones de infraestructura que potencien la investigación en áreas trascendentales como la salud, la educación y la economía en su conjunto. El fin es lograr un vínculo sólido del sector educativo con el sector productivo, que ponga en el centro de las estrategias al desarrollo de la ciencia y la tecnología.  Además, es una opción viable para incidir positivamente en el cambio de las trayectorias de las personas, brindándoles la oportunidad de acceder a nuevas áreas del conocimiento.

 

Finalmente, a propósito de estas tres preguntas, y a sabiendas de que estamos ad portas de iniciar el debate de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, es fundamental reiterar que la adaptación y el avance tecnológico requiere de la voluntad política, el esfuerzo y el compromiso de todos los actores involucrados, tanto del sector público como del sector privado. Para que este debate llegue a buen puerto, es vital que el gobierno asuma riesgos en materia de gasto y creación de nuevos mercados para la ciencia y tecnología, pero que en correspondencia las empresas y la sociedad civil se sumen a estos esfuerzos y adquieran un rol más estratégico y determinante, siempre con miras hacia el desarrollo incluyente.

 

Artículo Tomado De: https://educacion.nexos.com.mx/?p=2073

Coahuila será el primer estado en México que instalará cámaras con reconocimiento facial: esto sabemos de la tecnología que usarán

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila anunció la compra de 1,100 cámaras de vigilancia que se estarán instalando 500 en Saltillo y las otras 500 en Torreón. Las cámaras también contarán con la tecnología para el reconocimiento facial por medio de inteligencia artificial con la finalidad de prevenir crímenes.

El contrato todavía no se concreta, pero en caso de hacerlo se realizará con la empresa china Dahua por 600 millones de pesos. Comentó que en su viaje a China, directivos de la empresa le mostraron cómo no solo se podían resolver delitos, también se podrían prevenir con las cámaras.

 

Una tecnología probada en cuatro ciudades en China

Respecto al reconocimiento facial el programa tendrá acceso a la base de datos de las fotografías de Plataforma México, inclusive hasta la del INE para poder identificar a las personas que pasen por las cámaras. Riquelme señaló que si se reporta un delito y la persona involucrada pasó por una de las cámaras, podrán contrastar con la base de delincuentes para tener los datos del sospechoso.

En el siguiente video pueden ver cómo funciona el sistema de reconocimiento facial de la empresa Dahua.

Con la prevención del delito el sistema podrá mandar notificaciones cuando detecte a una persona pasar dos o tres veces por el mismo lugar, con la finalidad de actuar de manera inmediata. Otra de las funciones será poder detectar los automóviles con sus respectivas placas.

Inclusive el software tiene una tecnología de descarte, menciona que si existe una denuncia de un auto blanco con cuatro puertas sospechosos, la inteligencia revisa todos los autos con esas características para armar una base de datos con los datos solicitados.

Por último mencionó que esa tecnología no se encuentra en ninguna ciudad de México, solamente se han instalado en cuatro ciudades de China donde actualmente cuentan con la licencia operativa. Indicó que en los próximos días espera firmar el contrato para que la instalación sea de seis a nueve meses con cinco años de soporte técnico asegurado.

Demasiado bueno para ser verdad

Hasta el momento ningún sistema de reconocimiento facial es 100% perfecto y un gran ejemplo fue el que vivió en Londres con su flamante tecnología con resultados alarmantes. Según datos de la ley de libertad de Reino Unido señalan que la tecnología de reconocimiento facial usada por la Policía Metropolitana de Londres tiene una tasa del 98% de falsos positivos.

En ese momento Cressida Dick, comisionada de la policía comentó que el sistema se encontraba en etapa de prueba y no esperaban muchas detenciones con esa tecnología por el momento. Sin olvidar que la policía de Gales sufrió algo similar cuando en la final de la Champions League detectaron 173 alertas positivas y 2,297 falsos positivos.

Como parte de esa polémica, la organización Big Brother Watch, solicitó los datos de privacidad al gobierno de Reino Unido, donde advirtieron que la tecnología fue implementada sin un debate público. Incluso señalan que cualquier sitio se puede convertir en punto de control biométrico, afectando los derechos humanos y la libre expresión.

¿Y dónde queda la seguridad?

Hemos hablado mucho del reconocimiento facial, pero en ningún momento se ha mencionado el tema de la privacidad. Cuando apareció el iPhone X con su Face ID se abrió un debate donde la empresa mencionaba que los datos relacionados con el Face ID nunca abandonan el teléfono del usuario.

Inclusive comentan que no guardan los datos de otros rostros que intentan ser autentificado. La API de autenticación solamente se encarga de dar una respuesta positiva o negativa después de comparar el rostro con el almacenado.

Respecto al sistema de reconocimiento de los teléfonos, es necesario el consentimiento del usuario mostrando toda la información necesaria. Por estos motivos cualquier dispositivo que cuente con esa tecnología debe informar al usuario para qué podrá ser usado su rostro.

Aunque en el caso de la red de cámaras de vigilancia de China, no es un requisito imprescindible el consentimiento de forma directa del usuario, usando el argumento de la seguridad nacional. Llevando el tema a un extremo si esa información recopilada cae en manos de un tercero, tendría la información personal de muchas personas.

En el caso de Coahuila esperemos que puedan dar más detalles de cómo funcionará el tema de la seguridad de los usuarios.

 

Artículo Tomado De: https://www.xataka.com.mx/seguridad/coahuila-sera-primer-estado-mexico-que-instalara-camaras-reconocimiento-facial-esto-sabemos-tecnologia-que-usaran

El Ciudadano Público

Una característica inequívoca de la actualidad en la que transita el mundo globalizado, es la velocidad que se ha adquirido a raíz de las innovaciones tecnológicas, sobre todo en la tecnologías de la información y comunicaciones. Hoy en día, el dinero y la información se mueven en tiempo real. Economías enteras se desbaratan y reconstruyen en cuestión de horas. Citando a Arturo Núñez: “Tenemos una economía globalizada pero no tenemos un gobierno globalizado.”

Ante este reto, hay que reconocer que la clase informática del mundo ha sido reacia a inmiscuirse en la vida del Estado. Este es un problema sistémico ya que incluso los ciudadanos equivocadamente se sienten ajenos a los políticos cuando es la misma ciudadanía la que los ha elegido. La clase política y la clase informática son clusters de ciudadanos integrados con un propósito en sí, como lo es la clase trabajadora o incluso la burocracia. Por supuesto que es evidente que hay buenos y malos trabajadores, al igual que buenos y malos políticos. Sin embargo, el mundo globalizado y el estado no globalizado cada día nos obliga más a crear una clase híbrida político-informática.

Según Weber, clase social se define como aquel grupo que comparte una idéntica situación con respecto a la provisión de bienes, posición y destino personal. Partiendo de esto podemos entender a los miembros del servicio público como una clase en sí; una clase, que desde Marx y Popper, no ha tenido una actualización en cuanto a la división del trabajo. La base de esta división es la afirmación: El servidor público atiende al público desde donde puede atenderlo.

La afirmación anterior, aunque válida, es cada día más caduca ante la realidad y el vértigo en el que vivimos. Los Gobiernos, a nivel mundial, empujan hacia una descentralización y desconcentración de la administración pública. Además, la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de eficiencia y ahorro del gasto público son el tema de boga entre la clase política.

Por todo lo anterior, el teletrabajo, con sus diferentes acepciones constituye una nueva visión del trabajo. Un cambio de paradigma donde el servicio público puede presentar resultados como la eficiencia, el servicio orientado a resultados, la conciliación de la vida familiar y laboral, la salud y el bienestar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de la movilidad en las grandes urbes (porque evita el desplazamiento de miles de burócratas), la generación de equipos de trabajo más amplios y potentes sin barreras geográficas, y el desarrollo sostenible de un, ahora sí, gobierno globalizado. De todas las ventajas expuestas, la más noble sin lugar a dudas, es que hace posible la integración al servicio público de grupos vulnerables como las personas con discapacidad.

Ante todas estas ventajas habría que preguntarse: ¿Por qué no es el teletrabajo una práctica común en la administración pública? Las principales razones son: que se desconocen los procesos para la implantación del mismo; que la resistencia al cambio es un factor determinante; que el desarrollo tecnológico es obsoleto; que la comunicación interna y externa es deficiente, y finalmente, que la legislación no permite transitar hacia un gobierno sin papel.

El establecimiento de procesos claros definirían un modelo de teletrabajo específico que podría resolver la resistencia al cambio, considerando en primer lugar los tipos de puestos y perfiles. Un análisis necesario para implantar de forma realista, los escenarios en los cuales el trabajo se puede llevar a cabo, las horas ideales, la preparación del entorno y los recursos necesarios para el mismo.

El desarrollo tecnológico de un gobierno, y me permito agregar de una localidad, es también un factor necesario. Una conexión a internet adecuada, así como las herramientas disponibles, y los modelos apropiados de implementación tecnológica y soporte técnico preparado, son los pilares que sostienen el modelo de teletrabajo.

Aunado a esto, desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa refuerza la actuación de los tele-servidores públicos. Esta estrategia debe involucrar el compartir de manera adecuada y clara las mejores prácticas puestas en marcha y la retroalimentación sobre el impacto del programa. Con esto se establecería un marco conceptual sobre el cuál se construyan esquemas de calidad y mejora continua.

Finalmente, la legislación que permita el uso de la firma electrónica y de la documentación digital con plena validez jurídica y considerando principios como el no repudio, son el eje central de las características de arranque de este modelo.

La modernización del gobierno y su inmersión completa en el mundo globalizado no solamente obedece a la implantación de nuevas tecnologías o innovaciones, sino al marco conceptual adecuado con que se le dé tratamiento, y el correcto manejo del medio que permita el actuar ciudadano con el gobierno: la política. Es aquí donde la clase híbrida político-informática adquiere una importancia vital equiparable al sacerdocio y la clase trabajadora en la edad media y la revolución industrial respectivamente.

Para concluir, debo reconocer que no he abordado un tema sensible para México como es la corrupción y lo que podría suponer instaurar el teletrabajo para este problema tan añejo. Sin embargo, soy un convencido que a medida que nos convirtamos en idealistas y nos alejemos emocionalmente del crudo realismo que vivimos, será como lograremos establecer un cambio en nuestro gobierno. Eso sí, idealismo que considere siempre los controles adecuados para la actuación del servidor público.

Imaginemos un gobierno que trabaja desde casa, un gobierno que trabaja desde el santuario nuclear del ciudadano. Ahora, imaginemos las repercusiones que esto tendría en la forma en que se perciben mutuamente el gobierno y la ciudadanía. La línea que los separaría sería prácticamente invisible, lo que al largo plazo provocaría ciudadanos más participativos y gobiernos más ciudadanos.

Artículo publicado en: http://www.u-gob.com/ en el 2017