Entradas

¿En qué áreas de la Inteligencia Artificial se debe centrar el gobierno?

El empleo adecuado de Inteligencia Artificial en el gobierno optimiza y dinamiza el funcionamiento del sector público.

El uso de Tecnología Inteligente (TI), en particular de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector público se extiende cada vez más en todo el mundo. Si bien las empresas privadas son las instancias que más utilizan TI de todo tipo, los gobiernos no han dejado de emplearla para optimizar sus servicios.

Refirámonos en particular al tema del uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público para conocer las distintas formas en que IA interviene y beneficia su operatividad.

KEY INSIGTHS

  • La IA en el sector público mejora los servicios y trámites que el gobierno ofrece a los ciudadanos.
  • Los ejes de uso de IA en el gobierno son: gestión de datos, ciberseguridad y análisis.
  • Por medio de chatbots el sector público puede optimizar significativamente su funcionamiento.

Ejes de funcionamiento de IA en el gobierno

El objetivo de utilizar IA en el sector público es mejorar los servicios, trámites e información que este ofrece a la ciudadanía; según el Massachusetts Institute of Technology son tres los ejes que deben regir la aplicación de IA en los gobiernos: una buena gestión de datos, lo que implica un acopio adecuado de información para su posterior procesamiento; ciberseguridad en el almacenamiento de información, es decir, garantía de que los datos que se obtienen de los ciudadanos y otras instancias no será utilizada con fines ilegales y maliciosos; y funciones de análisis, es decir, empleo de programas de análisis para procesar automáticamente los datos que se acopian.

 

Estas tres vertientes son, según el Massachusetts Institute of Technology las coordenadas por las que un gobierno debe de guiarse a la hora de usar IA, con el fin de robustecer y asegurar los procesos basados en esta tecnología; lo anterior lo podemos resumir como el uso inteligente y seguro de los datos que transitan en los dispositivos de una instancia del sector público, datos que tienen que procesarse de manera eficiente y conservarse de manera segura, ya que es en el universo de la información donde más opera el sector público y donde más puede aportar la IA.

Revisemos ahora algunas de las variantes más importantes de IA (hay más) que más se utilizan en el sector público.

Chat bots

Los chatbots –máquinas automatizadas que emiten información escrita o de audio, o que dialogan e interactúan con usuarios– pueden tener distintos usos en los servicios públicos: ofrecer información sobre ubicación y horarios de oficinas, lugares turísticos, sistemas de transporte, requisitos para efectuar trámites, procedimientos para obtener documentos, comunicación de alertas, traducción de idiomas, esto con chatbots que sólo envían mensajes escritos u orales o que dialogan con los solicitantes de manera sofisticada.

Los chatbots gubernamentales –como sucede en Singapur, Londres y otras ciudades– pueden utilizan chatbots en Facebook para brindar información diversa, como entradas y salidas de autobuses, rutas y mapas de carreteras e información de servicios; de igual modo gobiernos como el de Nueva York usan Watson de IBM para a través de un chatbot contestar preguntas y dudas de los ciudadanos sobre distintos asuntos; por su parte, el gobierno de Dubay lanzó un chatbot para recibir quejas sobre el suministro de agua y luz, que los ciudadanos pueden bajar como una aplicación en Android y Apple, así como usar por medio del asistente Alexa de Amazon.

Big Data Machine Learnig y Analytics

La enorme cantidad de datos tecnológicos que fluyen en los ámbitos de la administración pública y la necesidad de procesarlos de manera adecuada requieren de TI.

Para ello, tecnologías derivadas de la IA como Big Data, Machine Learning y Analytics permiten obtener volúmenes inmensos de datos estructurados o no estructurados (Big Data), detectar patrones y modelos de estos datos a partir de algoritmos creados para, por ejemplo, clasificar a los usuarios, conocer sus necesidades, problemas, peticiones y carencias para brindarles un mejor servicio (Machine Learning).

A la vez, es posible analizar la información obtenida para estar en condiciones de prever tendencias y situaciones futuras relacionadas con la administración púbica, el comportamiento y las necesidades de los ciudadanos y la creación de nuevas estrategias tecnológicas, todo ello para adelantarse a los hechos y elaborar planes y proyectos convenientes que beneficien, optimicen y dinamicen la administración pública (Analitycs).

Subrayemos por último el papel central que debe tener la ciberseguridad en el uso de TI en un sector público que está expuesto particularmente a ser atacado maliciosamente; de ahí que las estrategias de seguridad digital sean una de las prioridades de los gobiernos al utilizar tecnologías innovadoras en particular IA.

 

Artículo Tomado De: https://www.telcel.com/empresas/tendencias/notas/inteligencia-artificial-en-el-gobierno

Portales municipales en México, una evaluación 2006

Con base en un modelo de medición internacional, se seleccionaron 78 municipios mexicanos que tienen página Web y más de 75 mil habitantes. Aquí se presentan los resultados de los 15 municipios mejor calificados

La evolución de la tecnología ha llevado a los gobiernos a acercarse más a los ciudadanos. Sin embargo, para el mejor aprovechamiento del dinero público en la construcción de páginas Web, portales de gobierno y sitios de pago, es necesario que sean evaluados constantemente por los ciudadanos.

Esta investigación tuvo por objetivo medir los portales municipales de los países hispanoamericanos.

Los resultados que se presentan en este artículo corresponden solamente al caso mexicano, y están basados en la misma metodología que se empleó para el estudio regional.

Este trabajo surgió por una iniciativa del Instituto Empresa de España, que junto con las compañías Software AG y Alianza Sumaq, impulsaron este estudio municipal en países como España, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Costa Rica, entre otros. La Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es parte de este esfuerzo a través de la Cátedra Software AG-Alianza Sumaq en Gobierno Electrónico.

Después del COVID-19: e-gobierno de emergencia*

El mayor impacto de la pandemia COVID-19 ha sido exponer el atraso del gobierno digital en la administración pública. La falta de datos confiables y actualizados para la toma de decisiones; la carencia de sistemas de información de salud; los de miles de trámites gubernamentales que están detenidos y que podrían llevarse a cabo en línea; pero sobre todo la falta de una organización virtual del gobierno en todos sus niveles, ilustran el escaso interés que existía por implementar y desarrollar el e-gobierno.

Ahora, el enorme desafío que implicará operar una administración pública en un entorno tan adverso como el de una posguerra, implica la urgencia de enfocar todos los esfuerzos para operar en un gobierno digital, que gaste muy poco y sea altamente eficiente tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos en corto tiempo.

La amenaza del contagio por COVID-19 ha obligado al trabajo en casa. Ha forzado las reuniones en línea, la colaboración e intercambio de datos a través de internet, obligando a la comunicación por plataformas digitales. Esta situación rompe el paradigma del trabajo tradicional. Cambia la idea de que el gobierno digital solo era útil como un canal de comunicación barato donde hacer publicidad del gobierno.

Hoy las oficinas gubernamentales en muchos países de mundo saben que gran cantidad de sus juntas eran inútiles, que muchos proyectos pudieron hacerse en menos tiempo, que las decisiones que tomaban horas podían resolverse en minutos en linea. Pero sobre todo, que estaban perdiendo mucho dinero en reuniones cara a cara que sólo servían para justificar un modelo de trabajo ya rebasado.

“La enorme administración pública con cientos de edificios, despachos y salas de juntas están a punto de experimentar la transformación digital de sus centros de trabajo, de su personal para lograr la eficiencia de sus recursos”.

El experimentar esta forma de trabajo está rompiendo la idea de que trabajar en casa era ser irresponsable, flojo e improductivo. Era indispensable estar presente aunque no se hiciera nada. Ahora más que nunca, el ahorro en compra y mantenimiento de edificios, equipo de cómputo, traslados y movimientos que eran un gasto innecesario están a punto de cambiar.

La enorme administración pública con cientos de edificios, despachos y salas de juntas están a punto de experimentar la transformación digital de sus centros de trabajo, de su personal para lograr la eficiencia de sus recursos. De no hacerlo está condenada al fracaso, por que los gobiernos del resto del mundo habrán de reducir sus costos y ser más eficientes ante la magnitud de una recesión inédita, que requerirá todos los recursos disponibles para enfrentarla, además no podrán darle a los ciudadanos la respuesta a las necesidades que demandan.

Las primeras señales en esta dirección ya se han dado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, están eliminando los requisitos de papeleo, informes y auditoría para agilizar los servicios de salud. Lo que es más importante, docenas de servicios médicos pueden ahora ser proporcionados a través de la “telesalud”.

Para enfrentar la pandemia ha sido necesario comunicarse eficientemente con los ciudadanos, aprender de lo que pasa en sus comunidades, ver como se puede hacer frente a esta terrible crisis de salud y económica y para ello, la mejor herramienta es la tecnología.

La transformación digital de la administración pública ha llegado de pronto y sin previo aviso, pero es hoy más urgente que nunca para lograr tener los datos precisos, las decisiones más exactas para garantizar la estabilidad político social de los países y el desarrollo humano de sus habitantes, no hay otro camino, al igual que el confinamiento, la única solución para enfrentar los retos del gobierno deberá pasar por la tecnología.


Escucha también el audio referente a los problemas de Privacidad de la localización de las personas que ha ocasionado la Pandemia en el mundo. Haciendo clic aquí

*Publicado en el Numero Especial de la Revista U-Gob Especial de Cuarentena

Un marco legal para TICs

En la historia de la humanidad siempre se han nombrado los periodos o épocas con base en las técnicas que se empleaban en las mismas. Es por eso que no es algo nuevo establecer que estamos en la era de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TICs están afectando muy profundamente la forma e incluso el contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. Por lo tanto, una Administración a la altura delos tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las TICs. La ciudadanía ha de ser la primera y principal beneficiaria del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones. Al servicio del ciudadano, la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por los principios de eficacia, eficiencia, austeridad y responsabilidad.

Por lo anterior, las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Sin embargo, esto depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca. Además de esto, se tiene que tomar en cuenta el reto que impone la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con el Gobierno para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan muchas veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites en Gobierno para las actividades más elementales.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar el Gobierno hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a al Gobierno como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías.

Aquí es donde el servicio al ciudadano debe consagrar su derecho a comunicarse con el Gobierno por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación del mismo Gobierno de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Es decir, se debe pasar de un marco legal inexistente a reconocer el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones a través de la TICs con el Gobierno. Asimismo es menester consagrar la obligación correlativa de las administraciones públicas de proteger y cumplir lo necesario para garantizar este derecho. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se deben de elegir como el eje central de un marco legal adecuado para el uso de la TICs en la relación Gobierno-Ciudadano.

Así, por ejemplo, tal marco legal se debe de hacer efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la Administración Pública y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan.

Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como mínimo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma. Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías de la privacidad.

En todo caso, la progresiva utilización de TICs, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con el Gobierno, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta -recursos humanos y materiales- a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías. Todo esto permite oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costos) en un Gobierno Municipal, Estatal o Federal.

De igual manera es necesario regular la validez de los documentos y sus copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.

Todas estas premisas deben regularse, estipularse y establecerse en un conjunto de leyes que acompañen a la modernidad que vivimos hoy. La regulación debe ser un esfuerzo innovador que fomente el uso de las TICs y que no necesariamente funcione como una camisa de fuerza para establecer criterios de premio-castigo; sino al contrario, establecer los derechos que hagan que la misma ciudadanía a su ritmo y de acuerdo a sus necesidades, sea la que exija el aumento en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

 

Artículo publicado en 2015.