El liderazgo político en tiempos de COVID-19

Con la aparición del COVID-19 el mundo cambió. En los últimos 180 días, al observar el manejo que gobiernos de diversos países han tenido para enfrentar la pandemia, encontramos una amplia gama de respuestas. El primer ejemplo es Estados Unidos -considerado, todavía, entre los países con liderazgo global- se ha convertido en un desastre local, por la dificultad que enfrenta en su sistema de salud, el desempleo que ha generado el distanciamiento social, el racismo que parece más vivo que nunca en diversas ciudades y estados golpeados por la pandemia y los ánimos exacerbados de muchos sectores de la sociedad y todo en el contexto de un proceso electoral harto complicado.

Otro ejemplo es China que, antes del inicio de la pandemia, parecía anunciar su llegada al liderazgo económico mundial. En este país tuvo su origen el virus. El manejo de los primeros datos que el mundo conoció era fatal por su imprecisión y su aparente intención de ocultar la realidad de un mal sin precedentes. Al paso de los meses China se convirtió en un aliado de muchos países. Como proveedor del sector salud (con suministros y especialistas) ha llegado a ser visto como gran héroe mundial.

Hoy tenemos presente que las herramientas de planeación, que se usaban hasta antes de la pandemia, conocidas por los especialistas en teoría de escenarios como VUCA, (por sus siglas en inglés de volátil, incierta, compleja y ambigua), han quedado rebasadas. Esta pandemia ha transformado este enfoque para dar paso a un instrumento que se llamaría VIICAS -es decir volátil, incierta, inmediata, compleja, acelerada y simultánea- y que se constituye en una de las muchas enseñanzas que nos ha dejado esta crítica situación.

En nuestro país -al margen de los que aprueban o desaprueban el gobierno de Andrés Manuel LópezObrador- según el encuestador Mitofsky, destaca el hecho de que cada vez más personas tienen temor a ser infectadas, casi 83%; más aún, quienes tienen temor a morir por COVID-19 son casi el69 %; adicionalmente, cada día hay más personas que tienen a un conocido que se ha contagiado o ha muerto, 80 % y 60% de los encuestados, respectivamente. En otras palabras, hoy podemos afirmar que la actitud de la población frente a la pandemia es de temor. Independientemente de su preferencia partidista, una gran mayoría tiene miedo.

Respecto al liderazgo político requerido para hacer frente a esta situación, el mundo ha sido testigo del desempeño de los diversos líderes, bien sean mundiales o de los estados sub nacionales. Han aflorado las características de los liderazgos y, por ende, son percibidos con mayor o menor capacidad personal para subir su aceptación frente a sus gobernados, de esta manera hoy podemos tener varias conclusiones.

Por ejemplo, María José Canel (Doctora en Comunicación de la Universidad de Navarra) considera que los ciudadanos españoles valoran que su presidente no ha politizado la situación; les gusta que no se aprovecha de la pandemia para enviar mensajes político-partidistas. Un segundo factor, agrega Canel, es que el ciudadano quiere ver a su líder, que está al mando y por eso tiene que hacerse visible. Un tercer factor es la competencia profesional, los ciudadanos aprecian los líderes serios, con capacidad de intervenir cuando sean requeridos, que sean previsores y pro activos. Un cuarto factores el de la personalidad destacando la integridad, el hacer y decir con coherencia en sus mensajes.

De lo anterior, destaca el hecho de la reputación que antecede a cada líder. Si ya tenían credibilidad en sus mensajes, en la crisis les fue más fácil generar empatía con sus gobernados y encontraron un círculo virtuoso de la colaboración. Generaron gobernanza comunicativa, que se incrementó en las redes sociales, que desplegó diferentes acciones y construyó historias en diferentes contextos. Esto ayudó a muchas más personas a sortear la crisis personal y social que estaban enfrentando.

El liderazgo político quedó a la vista de todos cuando los ciudadanos encontraron los valores personales que conectaron con ellos y generaron empatía frente al dolor de muchas familias, que les transmite confianza, con un mensaje de que “todo irá bien, esto también pasará”.

Los ciudadanos también han sabido apreciar cuando su líder político, para enfrentar la situación de dificultad que vive, es capaz de acercarse a sus adversarios, a los opositores y alcanzar consensos, en búsqueda de apoyos conjuntos. Para los enfermos y sus familias, el liderazgo político se manifiesta cuando una persona consigue de ir más allá de sólo informar y se convierte en comunicador de ideas porque interpreta y transmite sentimientos.

Es también muy apreciado por los ciudadanos que los mensajes se hayan diversificado por canales y tipologías de contenidos -como videos, emisiones en directo, lo mismo en la radio que en la TV y redes sociales, agradecimientos constantes al personal médico, de protección civil y demás colaboradores, incluido a empresas- e incluso transmitir mensajes y respuestas a preguntas online apersonas y organizaciones.

El liderazgo político también quedó de manifiesto. El caso de Alemania es ejemplar. Angela Merkel hizo referencia al orgullo del país, apeló a la épica de los alemanes, a la necesidad de remar juntos para salir de la crisis que describió con crudeza “nos enfrentamos al momento más complicado desde la Segunda Guerra Mundial”.

Ha sido también importante que los dirigentes asuman su papel de líderes y gestionen expectativas.Que le hablen a la población de lo que vendrá una vez concluida la pandemia. Ante la incertidumbre de la economía y el temor que genera en los ciudadanos estos requieren que el líder les hable con franqueza, que genere confianza, con palabras que la gente pueda entender, aun cuando los datos pudieran cambiar.

Dicen que toda crisis puede ser vista como una gran oportunidad de mejorar lo que está mal. Si un gobierno había fallado respecto a la expectativa inicial, porque el ejercicio del poder lo había desgastado, el buen manejo de la crisis ofrecía una gran oportunidad de impactar en forma positiva al ciudadano. El buen uso del liderazgo permitió que presidentes municipales y gobernadores -cuando han sabido manejar atinadamente el combate al COVID-19- se vieran recompensados con una mayor aprobación de sus gobernados. Por otro lado, hubo quienes, ante la crisis, respondieron con miedo y pretendieron guardar silencio; no lograron transmitir mensajes y desde luego esto también impactará en la percepción ciudadana.

Y, por cierto, amigo lector, ¿qué percepción tiene usted de su presidente municipal o de sus diputados?, ¿Le ha gustado como han intervenido en favor de su comunidad? Hasta el momento mi pretensión fue dar algunos elementos de las respuestas de los gobiernos frente a la contingencia.Finalmente, sólo constituyen elementos para valorar qué ha hecho un gobierno por los ciudadanos.

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Gobierno Digital, Gobierno Abierto

Es un hecho que el acceso a internet revolucionó el funcionamiento de la sociedad, lo que apresuró la transformación digital que tomó fuerza a nivel global a fines del siglo pasado. Este fenómeno impactó de manera disruptiva en varios sectores importantes para el crecimiento y desarrollo de las ciudades; nuestra vida cotidiana, las empresas y los gobiernos han tenido que adaptarse a este nuevo paradigma emergente y renovar diversos procesos.

En particular, los gobiernos se enfrentan a una nueva realidad: la digitalización que deriva de procesos de automatización sin precedentes. Esta ha prometido hacer más eficientes los procesos gubernamentales y de paso eliminar la corrupción. En esta coyuntura, un gobierno digital bien ejecutado significa estar más cerca de los problemas de la gente y las comunidades, así como fomentar políticas públicas con un alto grado de participación ciudadana y que plasmen soluciones concretas a desafíos reales de las sociedades.

Dentro de esta transformación digital, la transparencia es un eje rector en la construcción de un Gobierno Abierto y deja de ser una utopía, por lo que, de ser llevada a cabo de manera oportuna, genera cambios en la concepción, gestión y prestación del servicio público. Como ejemplo, la automatización mejora el desempeño gubernamental en sus operaciones, implementando nuevas reglas sobre la manera en que los gobiernos se relacionan con los ciudadanos, a pesar de presupuestos limitados o con los recursos ya existentes.

Por otra parte, la relación digital ciudadanía-gobierno facilita el brindar información sobre servicios administrativos y la ejecución de los mismos, así como la gestión efectiva de las peticiones más recurrentes. Esto equivale a reducir plazos, aligerar trámites y administrar el tiempo de reacción de un gobierno frente a su ciudadanía. Para lograr esta transformación digital, es fundamental que los gobiernos refuercen sus relaciones con los actores tecnológicos de la Iniciativa Privada, siempre mediante una regulación plural y bajo la premisa de proteger la seguridad de quienes generamos esos datos: los ciudadanos.

En México, existen esfuerzos locales que mediante plataformas digitales se encuentran en la transición para convertirse en un Gobierno Abierto, incorporando agendas ciudadanas con mecanismos de diálogo, colaboración y rendición de cuentas. En ellos se plantea también el fortalecimiento de la participación ciudadana al dar seguimiento puntual a los temas de interés público, evaluar trámites y servicios y recibir quejas y sugerencias.

En tiempos donde la vida pública cambiará rápidamente, los gobiernos deben estar a la altura para reforzar los vínculos con sus gobernados y, a través de una gobernanza digital, adoptar mejores prácticas para una toma de decisiones más estratégica. Urge dar este paso para lograr estructurar un gobierno integrado y que trabaja en red, promoviendo una nueva cultura de comunicación, y así poder entregar a los ciudadanos los resultados que merecen.

 

Artículo Tomado De: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/8/21/gobierno-digital-gobierno-abierto-201357.html

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La era de la post-información

Con cierta regularidad se publica el ranking de los medios masivos tradicionales como la televisión, la radio o los periódicos. Por su lado, cada medio suele tener alguna encuestadora para, casi simultáneamente, tratar de explicar que han crecido, que siguen teniendo un impacto importante enla difusión de noticias y en la formación de la opinión pública. Lo cierto es que estos medios están sufriendo una transformación que está resultando realmente drástica.

Por citar algunos ejemplos, la empresa Comscore (dedicada al estudio de las audiencias de marketing), en su publicación de mayo pasado, sitúa entre otros, al grupo Televisa con cerca de 30millones de visitantes en su sitio web, al grupo Milenio con 22 millones y a El Universal con 21millones. Estas cifras no incluyen la web de Google, Facebook o Microsoft. Estos medios se caracterizan por su capacidad para migrar de la emisión de información genérica -para todo el público sin distinción- a la distribución de información para cada uno de sus variados públicos, cada vez más variados. De esta forma, han sido capaces de mantener su prestigio.

Internet ha cambiado radicalmente la transmisión de información. Su presencia convirtió a los emisores de datos (de todo tipo) en fuentes interesantes de comunicación bi-direccional y los medios que no supieron adaptarse a la modernidad perdieron suscriptores y lectores en general. La población más joven, por ejemplo, difícilmente se acerca a los periódicos impresos. Vale la pena preguntarnos

¿cuándo fue la última ocasión que leímos un periódico impreso de principio a fin? Sin duda, los medios que no se adaptaron corren el riesgo de volverse francamente obsoletos.

La transmisión digital de la información le ha dado nueva vida. Supera cualquier restricción de ubicación geográfica y de emisión. Todos podemos publicar, exponer nuestras opiniones sobre las publicaciones de otros y compartir toda la información que encontremos en la red. Donde quiera que estemos, en cualquier momento, la publicación que hemos manifestado que nos gusta, nos llegará.Por supuesto, publicidad incluida, de acuerdo con nuestro interés comercial, debidamente registrado por nuestra actividad en Internet.

El fenómeno de individualización de la información -sumado a nuestro interés (necesidad) de mantenernos informados- genera el riesgo de la infoxicación. Lo que nos interesa está llegando a nosotros, sin buscarlo. La información se discrimina a sí misma. A esta situación Negroponte la ha denominado “era de la post-información”.

Hoy los medios masivos tienen un ultimátum: adaptarse a la era de la post-información o morir.Mientras tanto, los usuarios debemos reflexionar sobre un problema mayor: el like le está ganando la batalla al think. Corremos el riesgo de evadir la reflexión sobre la información que recibimos y guiarnos más por algún iluminado que –aprovechándose del conocimiento que tiene de nuestras preferencias- manipule nuestros sentimientos para imponer su marca comercial… o su tendencia política.

Finalmente, en esta era de la post-información y la individualización que genera Internet estamos entrando en la política del “clic”, es decir, cada medio de comunicación digital está compitiendo por obtener más “clic” para sus publicaciones. Lo más sorprendente de todo es que, según AntoniGutiérrez-Rubí en su libro “Gestionar las emociones políticas”, un sitio web cuenta con 4 segundos para atraer la atención de una persona hacia un artículo.

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Humanismo tecnológico

Hace unos días, navegando por Internet, me topé con un tema que me parece apasionante, pero poco revisado y discutido en nuestro país. Me refiero al humanismo tecnológico. Según la estadística digital en el reporte que hace We Are Social, en México existen actualmente 114.3 millones de usuarios de telefonía móvil, el 89% de la población total; 89 millones de personas son usuarios deInternet y una cantidad similar son usuarios activos de redes sociales. Por si fuera poco, en México, un usuario destina 8 horas y 21 minutos, diariamente, para navegar en la red y los sitios más visitados son Google, Facebook y YouTube.

Con el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación estamos atrapados en el hecho de que algoritmos biométricos interpretan nuestros sentimientos y aprenden de nuestras emociones y están sustituyendo nuestra capacidad de decisión. Imaginemos un ejemplo… si cada vez que vemos una película en Netflix pudieran colocarnos un sensor biométrico para que, a través de nuestro pulso y de nuestras ondas electromagnéticas cerebrales, descubrieran qué escenas y qué tipo de emoción nos causa, serían capaces de producir películas casi acordes con los sentimientos que nosotros quisiéramos tener en ese momento.

Esta capacidad de analizar nuestras preferencias y registrar nuestros intereses empieza a suceder cuando en una red social expresamos nuestro sentimiento con algún Emoji o un like a una publicación o comentario. El machine learning genera un algoritmo que se adecua a cada persona y establece un perfil.

Cabe reflexionar si los datos que recaba el algoritmo -que por cierto tiene un gran poder de persuasión, para la compra de productos o con fines políticos, por ejemplo- tienen un dueño y, en todo caso, ¿quién es el dueño de esa información? Tal vez el usuario, sin proponérselo ha proporcionado sus datos, pero nunca ha advertido que cuando acepta las cookies, en cualquier página, está también dando su autorización para que sean explotados por diversas marcas comerciales que lucran con ellos para vender publicidad.

Es entonces cuando las grandes corporaciones que poseen nuestra información, incrementan su poder de persuasión también en el ámbito social y político, porque la utilizan para neutralizar la decisión natural del ciudadano y lo inclinan hacia las decisiones que les conviene que tomen. Una corporación que ha recabado los datos e información de los electores, los puede manipular a favor o en contra de un candidato, un partido político o un tema público, dependiendo de los recursos del que paga.

José María Lassalle nos advierte de la amenaza que representa para las democracias liberales occidentales la deshumanización de la vida democrática. Esta es la razón principal por la que es necesario abrir el debate público sobre la libertad y la equidad en torno a la protección jurídica que todo ser humano debe tener para respetar su dignidad frente a las vulnerabilidades a las que se expone en un espacio digital que, hasta el momento, se ha desarrollado sin reglas ni derechos.

La pregunta es ¿hasta dónde la revolución tecnológica que estamos viviendo puede utilizar los datos recabados para manipular y restringir la libertad de pensar y de elegir de cada ser humano? Así pues, el humanismo tecnológico debe impulsar un pacto de equidad entre las personas y la técnica. Me refiero a un humanismo que refuerce el sentido ético como herramienta educativa que respete la capacidad creativa de la humanidad para dar sentido al uso de las máquinas.

Sin duda, es imperante digitalizar a Protágoras y proclamar, en el ciberespacio, que el ser humano es la medida de todas las cosas y, por qué no, también digitalizar a Kant y defender que la persona es, tecnológicamente, un fin en sí mismo.

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El Gobierno crea el consejo asesor de inteligencia artificial para garantizar su uso ético

En los últimos años, la Alianza para el Gobierno Abierto ha crecido de ocho a 70 países y ha promovido una verdadera transformación

La vicepresidenta Nadia Calviño y la secretaria de Estado Carme Artigas ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de este órgano, que cuenta con 18 expertos

 

El Gobierno ha creado el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo que proporcionará asesoramiento y recomendaciones “independientes” sobre las medidas a adoptar para garantizar un uso seguro y ético de esta tecnología.

Este nuevo órgano, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, está compuesto por 18 expertos españoles “de máximo prestigio a nivel internacional en la materia”. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ocupará la vicepresidencia. Según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado, este consejo contribuirá a la finalización y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

El comunicado detalla que los miembros del Consejo Asesor analizarán las implicaciones que estas tecnologías disruptivas supondrán en ámbitos diversos, tales como el de la empresa, la administración y el futuro del trabajo, la protección de los derechos fundamentales, la gestión del dato, la lucha contra la discriminación o la eliminación de brechas sociales.

Su primera reunión se ha desarrollado de forma semipresencial en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya que algunos de los expertos han participado de forma telemática desde otros países.

Los miembros del Consejo Asesor, que han celebrado este lunes su primera reunión, analizarán las implicaciones que estas tecnologías supondrán en la empresa, la Administración y el futuro del trabajo, la protección de los derechos fundamentales, la gestión del dato, la lucha contra la discriminación o la eliminación de brechas sociales.

Entre los expertos elegidos figuran Amparo Alonso, catedrá de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña; Juan Luis Arsuaga, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología; Ricardo Baeza-Yates, catedrático de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y fundador del Grupo de Ciencias de la Web y Computación Social de la Universitat Pompeu Fabra; Manuel Cebrián, que lidera el grupo de investigación de Movilización Digital del Instituto Max Planck, y Asunción Gómez, doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectora de Investigación, Innovación y directora del Máster Universitario y del Doctorado en Inteligencia Artificial.

El consejo asesor también cuenta con la participación de Emilia Gómez, investigadora del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea; Francisco Herrera, director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Lorena Jaume Palasí, directora ejecutiva de AlgorithmWatch, donde centra su trabajo en la filosofía del Derecho y la ética de la automatización y de la digitalización, y José Ignacio Latorre, catedrático de Física teórica de la Universidad de Barcelona y director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual.

A ellos se suman Pilar Manchón, doctora en Lingüística Computacional por la Universidad de Sevilla; Inmaculada Martínez, pionera tecnológica involucrada en los sectores de innovación y digitalización desde hace más de dos décadas; Alexandre Pérez Casares, presidente y cofundador de The Altius Society; Joaquín Quiñoreno, doctor por la Universidad Técnica de Dinamarca y un experto en investigación aplicada en visión por computador, reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje, personalización y recomendaciones.

Los otros cinco miembros del consejo son Luz Rello, investigadora del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra; Pablo Rodríguez, investigador en desarrollos tecnológicos a largo plazo sobre tecnologías disruptivas; Antonio Torralba, profesor de Ingeniería Eléctrica y de Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y jefe de la Facultad de Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones; Carmen Torras, profesora de investigación en el Instituto de Robótica perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Yuste, neurobiólogo impulsor del proyecto BRAIN de Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras.

Dos miembros de este consejo asesor, Asunción Gómez y Lorena Jaume Palasí, formaban parte del grupo de sabios que se creó a finales de 2017 y que estaba compuesto además por Elena Alfaro (BBVA), Elena Gil (Telefónica), Miguel Luengo-Oroz (Naciones Unidas, Un Global Pulse), Nuria Oliver (Vodafone Institute y Data Pop Alliance), Andrés Pedreño (Universidad de Alicante), Javier Plaza Penadés (Universidad de Valencia) y Eduardo Vázquez de Castro (UIMP). En total entonces, eran nueve miembros, según recuerda Efe.

 

Artículo Tomado De: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/20/companias/1595272334_415678.html

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La inteligencia artificial ayudaría a los gobiernos a tomar mejores decisiones

Las simulaciones económicas basadas en IA todavía tienen limitaciones, pero proporcionan una visión transparente y objetiva de las consecuencias económicas de las diferentes políticas fiscales. Esta información podría ayudar a los gobiernos a tomar decisiones asumiendo menos riesgos, uno de los hándicaps que estamos viendo con la crisis del COVID-19.

Como uno de los grandes referentes en Inteligencia Artificial (IA), Salesforce señala que una de las aplicaciones más útiles y ventajosas que ofrece esta tecnología es que permite crear un campo de pruebas virtual disponible para los economistas, donde probar variables mediante simulaciones de laboratorio. Dar a conocer esta aplicación de la IA es el principal objetivo de The AI Economist, un marco de aprendizaje automático que permite realizar simulaciones de escenarios para ver el impacto social de las decisiones políticas y económicas.

El modelo tiene como objetivo un equilibrio óptimo entre igualdad y productividad, en la búsqueda de un escenario beneficioso para todas las partes: empresas, ciudadanos y Estado, y los resultados han sido prometedores hasta ahora. En las simulaciones, The AI Economist logra ganancias del 16% en comparación con el siguiente mejor modelo, y también mejora la igualdad en un 47% en comparación con el mercado libre, con sólo un descenso del 11% de productividad.

The AI Economist también es eficaz en las simulaciones con participantes humanos, logrando compensaciones competitivas de igualdad-productividad y un promedio de bienestar social ponderado por ingresos significativamente más alto. En este sentido, estos resultados sugieren que los futuros modelos fiscales impulsados por la IA podrían mejorar con éxito los resultados sociales de la misma manera que en este escenario virtual en el mundo real.

La visión de Salesforce para AI Economist es permitir un estudio objetivo del impacto de las políticas económicas en las economías del mundo real, a un nivel de complejidad que la investigación económica tradicional no puede abordar fácilmente.

Las simulaciones económicas basadas en IA todavía tienen limitaciones. Todavía no modelan los factores de comportamiento humano y las interacciones entre las personas, y consideran una economía relativamente pequeña. Sin embargo, este tipo de simulaciones proporcionan una visión transparente y objetiva de las consecuencias económicas de las diferentes políticas fiscales. Las simulaciones futuras podrían mejorar la fidelidad de los agentes económicos utilizando datos del mundo real, mientras que los avances tecnológicos y la ingeniería en gran escala podrían aumentar el alcance de las simulaciones económicas.

“Este tipo de investigaciones tiene un gran potencial para aumentar la igualdad y la productividad en el mundo real, ayudando a promover economías más justas. Esperamos que The AI Economist pueda fomentar la transparencia y el debate abierto y basado en hechos sobre la aplicación del aprendizaje automático a la toma de decisiones económicas”, afirma Richard Socher director de Salesforce Research. “Nuestra esperanza es que los futuros modelos económicos de IA puedan aumentar de manera sólida y transparente la elaboración de políticas económicas en el mundo real y, al hacerlo, mejorar el bienestar social”.

 

Artículo Tomado De: https://www.itreseller.es/al-dia/2020/05/la-inteligencia-artificial-ayudaria-a-los-gobiernos-a-tomar-mejores-decisiones

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Carme Artigas: “La inteligencia artificial ayudará a controlar a los gobiernos y grandes empresas”

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial propone liderar en Europa el debate del humanismo tecnológico

La secretaría de Estado que dirige Carme Artigas (Vilassar de Mar, Barcelona, 1968) es la primera que incluye en su título el término inteligencia artificial (IA), materia en la que es una reconocida experta. En un momento de recelo hacia esta tecnología, por cuestiones de seguridad y privacidad, destaca el poder que la IA puede otorgar a los ciudadanos para controlar a Gobiernos y grandes empresas. Y aboga por liderar en Europa el debate del humanismo tecnológico.

¿Cuáles van a ser las prioridades de esta secretaría de Estado?

La primera es situar a España como un país puntero en IA. El segundo reto es acelerar la transformación digital de las empresas españolas, con especial foco en las pymes y en generar el entorno apropiado para desarrollar la economía del dato. En tercer lugar queremos hacer mucho más eficiente la Administración digital. También tenemos como prioridad liderar el debate del humanismo tecnológico en Europa. Todo esto va acompañado de ser capaces de elevar el nivel de competencias digitales del país, apostando por el desarrollo del talento y el emprendimiento digital.

¿Qué aspectos de la IA se deben regular?

Estamos en un momento naciente en la disciplina, hay que definir marcos normativos basados en la ética y en las recomendaciones. La regulación vendrá, pero cuando el mercado esté un poco más maduro. Vamos a diseñar una estrategia basada en una matriz de riesgos: hay cosas que son beneficiosas para todas las partes y que por tanto no hace falta regular, y luego están aquellos aspectos que pueden llevar a discriminación, a prejuicios de determinadas clases sociales y colectivos o a derechos ciudadanos. Esto vendrá contemplado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que presentaremos en marzo.

¿Las medidas que contempla la estrategia serán de cumplimiento voluntario?

Vamos a empezar por lo voluntario. Las empresas tecnológicas son conscientes de que si su desarrollo no tiene encaje en la estructura de valores de la ciudadanía, al final esa industria no va a prosperar. Me consta que, sin presión de ningún Gobierno, las compañías tecnológicas están desarrollando algoritmos éticos por diseño. El enfoque es: creemos unas normas de conducta de mejores prácticas, veamos si el mercado por sí mismo es capaz de autorregularse, y si no ya lo regularemos después.

¿Qué se consideraría en este caso buenas prácticas?

Tener un cierto nivel de confiabilidad sobre la falta de sesgos en los sistemas de IA; saber que se han entrenado bien los modelos, que se han aplicado de forma correcta, que haya transparencia con los algoritmos y que se expliquen bien su funcionamiento.

Esta legislatura arranca con mayorías poco claras. ¿Cree que su negociado tiene suficiente consenso como para sacar medidas adelante?

Hasta ahora este tema no ha estado en el debate político. Debemos ser conscientes de que la digitalización está aquí, que tenemos que entender el impacto de sus cambios. Creo que vamos a encontrar consensos porque todo el mundo entiende perfectamente lo que hace falta para avanzar en la transformación digital.

¿Hay algún país que el Gobierno tome de referencia en este sentido?

Necesitamos una estrategia de IA made in Spain, aprender de los mejores en aquellos ámbitos en los que son buenos, pero debemos tener una posición diferencial. Y una de estas posiciones únicas y diferenciales, para mí, es la importancia que le vamos a dar a los derechos de los ciudadanos. Esta parte del humanismo tecnológico yo todavía no la he visto reflejada en ninguna estrategia nacional.

¿Por derechos digitales de los ciudadanos se refiere a protección de privacidad y soberanía de los datos?

La IA nos permite volvernos a hacer preguntas como cuáles son los valores que marcan nuestra sociedad, cuáles son los límites de la libertad de expresión o cuáles son los derechos que queremos preservar. Tenemos claros algunos de ellos, desde el de la desconexión hasta poder saber qué están haciendo con tus datos. España ha sido pionera en la adopción del Reglamento General de Protección de Datos europeo, pero debemos ir un poquito más allá para realizar un debate algo más profundo.

Una de las cuestiones más controvertidas de la IA son los sesgos que puede acarrear su uso. ¿Cómo se deben combatir?

Este tema es complejo. En general, si algo tiene impacto negativo porque discrimina, debemos ser vigilantes para que no ocurra. Cuando a una persona se le niega un crédito porque así lo ha decidido un algoritmo, esa persona debe tener derecho a que se le explique cuáles han sido las variables que han hecho que se tome esa decisión. Esto está recogido por Europa y es de las cosas que queremos que se cumplan.

Otra tecnología muy controvertida es el reconocimiento facial. Bruselas se plantea retrasar unos años su utilización. ¿Estamos preparados para adoptarla masivamente?

En estas cosas la prudencia siempre es buena. Europa no es partidaria del uso abusivo del reconocimiento facial para controlar a los ciudadanos. Y estamos intentando evitar, desde nuestra perspectiva y valores europeos, una situación de capitalismo de vigilancia. Creo que debemos ser prudentes en no adoptar estas técnicas en espacios públicos.

¿No existe el riesgo de que esa prudencia acabe lastrando a Europa respecto a países como EE UU o China, que se han lanzado a usarla?

Debemos dejar de pensar que el desarrollo de la IA va a ser algo uniforme en todo el mundo y que si no sigues el ritmo de Asia o EE UU estás fuera. Cada vez estoy más convencida de que la IA no es una tecnología sino una infraestructura económica y social, y por tanto cada país va a decidir su modelo de adopción. Y nosotros quizás preservemos la privacidad antes que otros valores, como en su momento estuvimos en contra del trabajo infantil. Por otra parte, solemos hablar de que se usa para vigilar a la gente y nos olvidamos del gran potencial que la IA ofrece a los ciudadanos para monitorizar a sus gobiernos y a las grandes corporaciones, exigiéndoles mayor transparencia.

Uno de los pilares de su secretaría de Estado va a ser la digitalización de la Administración. ¿Nos podría contar en qué va a consistir?

Hay un gran campo de mejora en la eficiencia operativa de los procesos. Nuestro objetivo será elegir los 10 o 15 procesos que generan más dificultad tanto para empresas como para ciudadanos y hacerlos más eficientes con técnicas de automatización. Este año queremos lanzar una ventanilla única para toda relación con la Administración General del Estado. Y también una carpeta única ciudadana, de manera que todos tengamos un punto único centralizado de recogida de todas las notificaciones que te puedan venir por distintos procedimientos o ministerios.

¿Han pensado impulsar la digitalización en los niveles más básicos de la educación?

Vamos a lanzar un Plan Nacional de Habilidades Digitales. Estamos haciendo un análisis conjunto con los ministerios de Educación, Ciencia, Industria y con la Seguridad Social para detectar cuáles van a ser las habilidades que se van a demandar en el futuro y cuáles debe tener la ciudadanía para elevar sus competencias. Creemos que podremos lanzar ese plan a finales de este año.

Cuesta ver a mujeres en puestos de responsabilidad en el entorno tecnológico. ¿Qué va a hacer el Gobierno para mejorar la situación?

Cuando estudié la carrera de ingeniería química éramos el 16% y ahora estamos en el 20%, no hemos mejorado mucho. Hace falta despertar la vocación de las niñas en las carreras tecnológicas y sobre todo dar mucha más visibilidad a las mujeres. Tenemos que hacer políticas para visibilizar a la mujer en el terreno tecnológico.

 

Artículo Tomado De: https://elpais.com/tecnologia/2020/02/21/actualidad/1582290641_645896.html

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Gobierno Abierto: Avances locales para una gestión pública transparente y participativa

Para el cumplimiento de la Agenda 2030, es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional y la promoción de una gestión pública transparente, participativa que involucre a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. En la Nota de planificación No. 2, se abordó el vínculo del Gobierno Abierto con la Agenda 2030 y se presentó una visión panorámica de los avances de los diferentes países de América Latina en relación con este tema. En línea con esto, en la presente Nota se destacan algunos casos de los niveles locales e intermedios de gobierno que han avanzado en la implementación de diferentes medidas, estrategias, herramientas para abrir el gobierno a sus ciudadanos, con lo que se contribuye al cumplimiento de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera transversal, pero principalmente se apunta al logro de las metas del ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Desde 2018, el Observatorio Regional de Planificación ha estado siguiendo el proceso de territorialización de la Agenda 2030 (Ver Notas de Planificación No.1 Territorialización de la Agenda 2030 y los ODS y No.5 Esfuerzos de los territorios en la implementación de la Agenda 2030 ) y en la actualidad se está realizando un ejercicio de identificación de diferentes iniciativas de implementación relacionadas con los ODS que se están llevando a cabo en los diferentes territorios de la región, con el fin de conocer, sistematizar y visibilizar las acciones emprendidas por los actores territoriales para contribuir con los compromisos globales pactados para promover el Desarrollo Sostenible.  En esta medida, se han logrado identificar algunas experiencias locales de Gobierno Abierto en las que se han implementado una serie de herramientas y estrategias articuladas para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.

Tres ejemplos son importantes de destacar aquí:

1. En la Ciudad de Buenos Aires, se ha implementado un Ecosistema de Gobierno Abierto, pues lejos de formular medidas aisladas, se han propuesto una serie de plataformas y mecanismos coordinados para acercar la gestión pública a la ciudadanía, generar instancias de participación, fortalecer la apertura de datos y promover mecanismos innovadores de rendición de cuentas.

2. Se hace referencia también al caso del Departamento de Nariño que ha implementado un sistema de monitoreo de la gestión pública y ha promovido la participación ciudadana en la inversión pública a través de la plataforma Gana.

3. En la misma vía, se presenta el ejemplo de Ciudad de México que, a pesar de no pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto como miembro local, ha ejecutado diferentes estrategias para transparentar la función pública además de garantizar el derecho ciudadano de acceso a información.

Ecosistema de Gobierno Abierto en la Ciudad de Buenos Aires

Desde 2016, la Ciudad de Buenos Aires es miembro del Programa Local de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), y ha sido uno de los gobiernos locales pioneros en promover acciones para la apertura de datos y la gestión pública participativa. En La actualidad, esta ciudad cuenta con su Segundo Plan de Acción con vigencia hasta 2020, en el cual se plantean 5 compromisos:

• Apertura e innovación para un Estado Abierto (vinculado con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas).

• Ciudad a escala humana (vinculado con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles).

• Gobierno abierto para la equidad de género (asociado al ODS 5 Igualdad de género).

• Movilidad y transporte: experiencia del usuario, (relacionado con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles).

• Vivienda: Sistema de Indicadores, (asociado al ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles)

Igualmente, para generar más confianza y promover una mayor cercanía entre la ciudadanía y las instituciones públicas, se han creado mecanismos y plataformas de acceso a la información que ­se han coordinado y estructurado bajo un Ecosistema de Gobierno Abierto.

 

Mecanismos como la visualización de los logros, avances y resultados relacionados con los compromisos de gobierno, el Presupuesto Abierto y el portal BA Obras, en el cual se difunden datos para hacer seguimiento a las obras de infraestructura que se están realizando en la ciudad, han permitido avanzar en la eficiencia en la ejecución de políticas públicas y en la rendición de cuentas a los ciudadanos. Adicionalmente, el portal BA Data ha puesto a disponibilidad del público más de 300 datasets relacionados con diversos temas como administración pública, género, cultura y turismo, economía y finanzas, movilidad, medio ambiente, educación, urbanismo y salud. Igualmente, se han creado plataformas como BA Elige, en la cual se incentiva a la proposición de ideas por parte de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de la población y Participación Ciudadana, espacio en el cual se difunden las diferentes instancias de participación disponibles y socializan o discuten propuestas relacionadas con la vida urbana.

Por su parte, el Plan Estratégico Participativo BA 2035 es resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno local y Organizaciones de la Sociedad Civil, en el cual se establecieron acuerdos, propuestas y acciones relacionados con cinco Ejes Estratégicos (1. Buenos Aires Autónoma, Descentralizada y Participativa; 2. Buenos Aires Accesible, Equitativa e Inclusiva; 3. Buenos Aires Ecológica; 4. Buenos Aires Metropolitana; y 5. Buenos Aires Competitiva). Estos Ejes “sintetizan necesidades y deseos de la ciudadanía respecto de la política y administración, la cohesión social, la cuestión ambiental, la gestión territorial y el desarrollo económico de la Ciudad” (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019).

Gobierno Abierto en Nariño

El departamento de Nariño en Colombia también hace parte de la Alianza de Gobierno Abierto desde 2018 y ha elaborado su primer Plan de Acción 2019-2021, en el cual se han propuesto tres compromisos:

Café con Datos: estrategia de innovación construida con representantes del sector café de Nariño, en la cual se pretende implementar una estrategia de participación y colaboración ciudadana, para la promoción del Consumo interno de café especial artesanal de Nariño. Se encuentra vinculada con el ODS 12 Producción y consumo sostenibles.

Democracia Ambiental: busca garantizar espacios y herramientas para fortalecer a las organizaciones comunitarias en su ejercicio de administración y defensa del agua por medio del levantamiento, visualización y divulgación de datos abiertos en torno a temas como: la cobertura y acceso a agua, calidad del agua, inversión pública, programas institucionales y no gubernamentales, afectaciones, informes de rendición de cuentas y administración local y comunitaria. Este compromiso se relaciona con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y con el ODS 6 Agua potable y saneamiento.

Nariño Decide: mecanismo de participación ciudadana que incide en la construcción de agendas estratégicas de desarrollo y promueve el seguimiento ciudadano a la gestión pública. Se busca garantizar el acceso a la información y conocimiento de los programas de gobierno de tal manera que la ciudadanía vote de manera informada, responsable y programática. De esta manera, se vincula con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

En relación también con la meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, el departamento de Nariño ha avanzado en la consolidación de la plataforma virtual GANA, en la cual se han socializado datos generados por las diferentes dependencias del gobierno para el seguimiento de la gestión departamental y se han promovido mecanismos de control ciudadano para disminuir los niveles de corrupción al compartir información sobre presupuesto y gasto público.

 

Una de las estrategias más destacadas en la promoción del gobierno abierto en este departamento es la implementación de los GANA Municipales, los cuales son mecanismos que permiten la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la ejecución presupuestal de sus municipios, al permitir la elección de los proyectos de inversión.

De esta manera, estas iniciativas han pretendido modernizar de la gestión pública, la recuperación de la confianza en la institucionalidad, así como garantizar un uso más eficiente, transparente y participativo de los recursos públicos y promover de un papel más activo de la ciudadanía en la toma de decisiones.

México, Ciudad Abierta

Desde 2013, se comenzaron a incorporar temas de gobierno abierto en la agenda política de Ciudad de México, a través del Plan de Desarrollo 2013-2018 y del trabajo que comenzó a realizar el Laboratorio para la Ciudad, entidad encargada de promover la participación ciudadana y proponer estrategias innovadoras para mejorar los procesos de toma de decisión. En esta línea, gracias a un trabajo interinstitucional se consolidó la Plataforma de Gobierno Abierto (PGA) con el objetivo de co-crear y consolidar un modelo de Ciudad Abierta en Ciudad de México. Desde entonces, se han realizado diferentes esfuerzos para capacitar a los funcionarios públicos en temáticas de gobierno abierto, se creó infraestructura tecnológica en datos abiertos y se impulsaron cambios institucionales para posicionar los principios de gobierno abierto en la gestión pública a través de la Ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta, promulgada en 2015, con la cual se crea el Consejo de Gobierno Abierto, el cual está conformado por gobierno, sociedad civil, academia y otros órganos. Dicho proceso fue reforzado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México sancionada en 2016 con el objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública de manera simple y gratuita, así como potenciar la publicidad de datos para transparentar el ejercicio de la función pública.

En este sentido, se ha creado el Portal de Transparencia de la Ciudad de México en la cual se comparten documentos y políticas relacionados con la institucionalidad pública y el Portal de Datos en la cual se comparten datos e información georreferenciada relacionada con diversas temáticas de interés ciudadano.

 

Por su parte, para evaluar el grado de ejecución de los compromisos del gobierno, Ciudad de México cuenta con la Plataforma de Monitoreo CDMX , espacio virtual en el que se monitorean, a su vez, los avances realizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De esta manera, estos territorios han avanzado en la implementación de compromisos de Gobierno Abierto y han promovido mejoras institucionales e informativas para que el diálogo con la ciudadanía sea más cercano y procesos como los de inversión pública sean más transparentes y participativos. Sin embargo, todavía quedan grandes retos en esta materia para los gobiernos territoriales de América Latina y el Caribe en esta vía, pues la resistencia institucional a los cambios y la lentitud de adaptación a los avances tecnológicos actuales, han dificultado en muchos casos la innovación y modernización de los procesos administrativos y de gestión pública.

Adicionalmente, es importante resaltar que los procesos de apertura de datos no son suficientes si no se acompañan de mecanismos de capacitación, socialización, seguimiento y reporte, que permitan diagnosticar y potenciar su uso, como también promover su utilidad para la ciudadanía.

No obstante, en los casos presentados se puede identificar un creciente interés de las administraciones locales por potenciar el gobierno abierto y reconocer sus beneficios, así como la promoción de procesos de rendición de cuentas y vinculación ciudadana que requieren cambios importantes en la cultura organizacional con el ánimo de fortalecer la confianza en la administración pública.

 

Artículo Tomado De: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/gobierno-abierto-avances-locales-para-una-gestion-publica-transparente-y-participativa

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Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué?

Este primer año de gobierno ha traído consigo un interés por los asuntos públicos de México como hace mucho tiempo no se percibía. Las discusiones por temas económicos, educativos y sociales han estado a la orden día. Esto —sin duda— se acentúa en las discusiones presupuestarias que plasman las prioridades políticas, sociales y económicas del gobierno federal, y que despiertan cuestionamientos e inquietudes sobre los incrementos, disminuciones y en general sobre la distribución de los montos.

Es a propósito de este periodo y de un profundo interés por los vertiginosos cambios tecnológicos que actualmente se viven —y que se anticipa vendrán con mayor fuerza— que el presente texto analiza los gastos y presupuestos en ciencia y tecnología del gobierno mexicano. La idea general es sostener que el Estado, a través de sus prioridades reveladas en el gasto público, juega un rol esencial en la creación de incentivos y expectativas necesarias para catalizar la innovación y el desarrollo tecnológico. Apostar por la tecnología y las habilidades para crear valor con ella, es una acción necesaria e impostergable que un Estado preocupado y ocupado por potenciar el desarrollo debe realizar para lograr de una vez por todas la tan ansiada adaptabilidad y transformación de la matriz productiva.

Y es que las tecnologías actuales, a diferencia de las empleadas en otras épocas, tienen una mayor probabilidad de provocar la automatización o eventual sustitución de personas (como el caso de los rápidos avances en materia de robótica expuestos por el proyecto de Boston Dynamics, con los que han superado exitosamente diversos “cuellos de botella” ingenieriles). Adicionalmente, es más factible que las tecnologías actuales sustituyan largos procesos de aprendizaje (como lo sugiere la disponibilidad de servicios de traducción inmediata). Finalmente, la capacidad que ahora se dispone para almacenar e interpretar enormes cantidades de información, sugiere la posibilidad de que algunas de las capacidades cognitivas, como el procesamiento, la memorización y la toma de decisiones dejen de ser una característica exclusiva de las personas.

A nivel global, la preocupación gira en torno a los efectos que estos cambios tecnológicos tendrán en la vida laboral y cotidiana de las personas. Preocupa también —en específico— el cómo afectan y afectarán estos cambios en sus trayectorias educativas. Se estima que la exclusión tradicional derivada de un abandono temprano del sistema no sería ahora la única fuente potencial de desigualdades, ya que la tecnología podría reducir el valor de otros conocimientos, credenciales y experiencias formativas que hasta hoy representaban acceso a mejores oportunidades laborales.

Ahora bien, la velocidad exponencial del avance tecnológico ha venido a desafiar el papel que juega el Estado como actor importante en la creación de las condiciones necesarias para hacer frente a los cambios y crear valor con las tecnologías. Se presume que el Estado ha sido el origen de los cambios tecnológicos más importantes, tal como lo argumenta la economista de University College London, Mariana Mazzucato, quien sostiene este argumento señalando que de no ser por la participación de las agencias públicas, a través de la inversión, grandes innovaciones de importancia mundial, como Silicon Valley o la misma NASA hubiesen sido irrealizables. Evidencia de esto, por cierto, es lo logrado gracias a la inversión en agencias como la DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] institución creadora del primer mouse de computadora, los primeros receptores GPS en miniatura, pantallas HD y del primer asistente personal digital.

Con este antecedente, un gobierno que apuesta a la transformación y el desarrollo incluyente, no puede eludir sus responsabilidades en la creación de capacidades productivas, no sólo invirtiendo en infraestructura, sino también —y quizás, por encima de todo— creando conocimiento, innovación y nuevas tecnologías. Ante la aceleración de los cambios globales, los gobiernos tienen la oportunidad y la importante función, por medio de la planeación y ejecución del gasto público, de crear condiciones y nuevos mercados en donde interactúen las empresas, las instituciones educativas y las agencias públicas con un mismo propósito: crear riqueza, distribuirla y retomar la senda de crecimiento sostenido.

En México, las cifras de gasto demuestran que sucede lo contrario a lo que genuinamente se esperaría. El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido, y se vislumbra que tampoco lo será, una prioridad ni del Estado y en consecuencia tampoco del sector privado. No existe un liderazgo institucional que apueste por la transformación productiva. Comencemos por la perspectiva global.

El Banco Mundial ha creado un indicador de gasto en investigación y desarrollo que toma en cuenta el conjunto del gasto, corriente y de capital, que realizan las empresas, el gobierno, las instituciones de educación superior y las organizaciones privadas sin fines de lucro. Gracias a este indicador, es posible observar que en México se logra casi el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra considerablemente inferior al promedio de los países de la OCDE (2.3%).

Es importante añadir que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mide el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE). Según el informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2017 de Conacyt, este indicador ascendió al 0.48% del PIB en 2017. Si bien esta cifra es similar a la reportada por el Banco Mundial, es posible dimensionar, gracias a su construcción, que la gran parte (62.5%) proviene del sector público, mientras que el 22.9% proviene del sector privado y 14.6% de otras fuentes.1

En lo doméstico, una mirada a la evolución del gasto público en ciencia y tecnología del gobierno federal profundiza esta preocupación. La actual Ley General de Educación, en su artículo 25, señala que el monto anual que el Estado —federación, entidades federativas y municipios— destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del PIB del país; de este monto, deberá destinarse al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Desafortunadamente, las cifras muestran contradicciones y dificultades para su cumplimiento.

En los últimos 10 años, el monto asignado a ciencia y tecnología por parte del gobierno federal ha rondado entre el 0.2% y 0.3% del PIB, mostrando un repunte entre 2014 y 2015, para posteriormente comenzar un claro descenso reflejado incluso tanto en el presupuesto de egresos aprobado en 2019 (PEF 2019), como en el proyecto presentado por el Ejecutivo recientemente (PPEF 2020). En términos nominales, para el año 2019 se aprobaron alrededor de 48,728 millones de pesos, cifra que para 2020 se proyecta que ascenderá a los 49,390 millones de pesos: en valores reales significa una disminución de más del 2%. En cuanto a su importancia relativa, ciencia y tecnología ha representado alrededor del 1% del gasto público total, alcanzando su mejor año en 2015, cuando la cifra ascendió al 1.5% del gasto. Sorprende que, en la discusión presupuestaria de 2019 y 2020, esta importancia relativa haya disminuido aún más, llegando a representar apenas el 0.8% del presupuesto total del gobierno federal.

Aunado a esto, preocupa el desacople que actualmente existe entre la ciencia, la tecnología y las instituciones educativas en México. Esta conversación resulta pertinente para identificar mecanismos y políticas públicas a diseñar con el fin de que el surgimiento y aplicación de nuevas tecnologías no interactúe con desigualdades existentes, o bien culmine en desigualdades nuevas y complejas de resolver. Bajo una perspectiva en la que se asume a la educación como un mecanismo para generar mayor igualdad a través de intervenciones equitativas, anticipar los efectos y las interacciones que resultarán de un cambio en la demanda por ciertos conocimientos o competencias es un proceso clave para garantizar una mayor efectividad de los sistemas educativos. En este sentido, está evidenciado que, lejos de padecerlo, los cambios tecnológicos pueden resultar beneficiosos si la calidad de los sistemas educativos es alta y los factores se ajustan al aumento de la productividad marginal del trabajo altamente especializado.

Señalado todo lo anterior, resta argumentar por qué, cómo y para qué gastar en ciencia y tecnología.

• Por qué: Es necesario crear condiciones de adaptabilidad para los cambios tecnológicos que se avecinan. De no hacerlo, se advierte una complicidad, desde el Estado, con las profundizaciones de las brechas productivas, sociales y educativas que actualmente ya se padecen.

• Cómo: La acción inmediata consiste en aumentar el gasto en ciencia y tecnología con una perspectiva distinta, apostando por la creación de nuevos mercados en donde la innovación y el desarrollo tecnológico proliferen en toda la sociedad, provocando la participación comprometida y constante de las empresas, las instituciones educativas y a de la sociedad civil.

• Para qué: Aunado a ello, el ejercicio de este gasto debe reflejarse en más y mejores condiciones de infraestructura que potencien la investigación en áreas trascendentales como la salud, la educación y la economía en su conjunto. El fin es lograr un vínculo sólido del sector educativo con el sector productivo, que ponga en el centro de las estrategias al desarrollo de la ciencia y la tecnología.  Además, es una opción viable para incidir positivamente en el cambio de las trayectorias de las personas, brindándoles la oportunidad de acceder a nuevas áreas del conocimiento.

 

Finalmente, a propósito de estas tres preguntas, y a sabiendas de que estamos ad portas de iniciar el debate de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, es fundamental reiterar que la adaptación y el avance tecnológico requiere de la voluntad política, el esfuerzo y el compromiso de todos los actores involucrados, tanto del sector público como del sector privado. Para que este debate llegue a buen puerto, es vital que el gobierno asuma riesgos en materia de gasto y creación de nuevos mercados para la ciencia y tecnología, pero que en correspondencia las empresas y la sociedad civil se sumen a estos esfuerzos y adquieran un rol más estratégico y determinante, siempre con miras hacia el desarrollo incluyente.

 

Artículo Tomado De: https://educacion.nexos.com.mx/?p=2073

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Aplicando la Inteligencia Artificial al Gobierno del dato

Desde 2016, la inversión en Inteligencia Artificial (IA) por parte de las organizaciones crece exponencialmente y la previsión es que esta tendencia siga en aumento a lo largo de los próximos años. Sin embargo, casi el 75% de las iniciativas de IA no logran los objetivos propuestos y más del 90% de este tipo de proyectos manifiesta tener graves problemas con la materia prima de la que se alimentan, los datos.

Esto se convierte en “la pescadilla que se muerde la cola”: invierto en IA, pero no consigo los objetivos porque no tengo un gobierno del dato efectivo y eficiente, pero no puedo invertir todo lo que necesito en gobierno del dato porque se dota de mayor presupuesto a los proyectos de IA que a los de gobierno del dato.

¿Y cómo se consigue romper este círculo vicioso?

Tenemos tres claros ejemplos de organizaciones que están tratando de hacerlo (y consiguiéndolo en gran medida):

  • Organizaciones nativas digitales o cuyo negocio son lo datos, las cuales llevan la cultura del dato en el ADN y, por lo tanto, el gobierno de estos es parte de su día a día y lo evolucionan a medida que avanzan los escenarios de negocio y tecnológicos. El problema es que son pocas las que presentan esta situación y, por lo general, suelen ser pequeñas y medianas empresas.
  • Organizaciones que se han visto obligadas a contar con un gobierno del dato por exigencias normativas (en especial Bancos e Instituciones Financieras) y, además, han tenido el presupuesto suficiente como para llevar a cabo iniciativas mastodónticas, con un grandísimo desembolso de dinero y un ROI seguramente negativo. No parece que esté al alcance de todas, ¿verdad?
  • Organizaciones que confían uno de sus activos estratégicos como son los datos a un único proveedor “capaz” de cubrir todo el ciclo de vida del dato con soluciones propietarias. Esto no sólo hace que se firmen contratos y licencias con montos altos y largas duraciones, sino que, como en toda externalización, están perdiendo el control de esa parte del negocio al dejarlo en manos de un tercero.

Nuestra visión desde Anjana Data

Los grupos anteriores están muy bien, pero la realidad es que cubren un pequeñísimo porcentaje del tejido empresarial actual. ¿Y si generamos un nuevo grupo donde tuvieran cabida la gran mayoría de las organizaciones que no están presentes en los anteriores? ¿Podríamos suplir esas carencias con soluciones diferenciales, innovadoras y disruptivas?

En Anjana Data creemos que sí, por eso estamos trabajando en la aplicación de IA, pero con un enfoque totalmente orientado a la potenciación de la cultura del dato en las organizaciones y a la implantación efectiva y eficiente de un gobierno del dato que garantice el éxito de las iniciativas de explotación de datos. El impacto es especialmente alto en iniciativas tan sensibles a la calidad del dato como IA.

Queremos ofrecer a nuestros clientes capacidades totalmente diferenciales, innovadoras y disruptivas dentro de nuestra solución de Gobierno del Dato

Además, si lo pensamos bien, estaríamos cubriendo varios frentes a la vez, ya que realizaríamos las diferentes labores en paralelo:

  • Pruebas de concepto de implementación de IA: Aunque no sean con objetivos directamente medibles para negocio, el aprendizaje, los resultados y las metodologías pueden servirnos igual.
  • Implantación incremental del gobierno del dato, derivando en una mejora directa de la cultura del dato para poder contar con más y mejores datos comprensibles y de confianza que alimenten posteriormente nuestras iniciativas de IA.
  • Dedicación del talento y conocimiento de las personas clave para un mismo objetivo en lugar de volver a “la pescadilla que se muerde la cola”.

Aplicando IA… ¿no tendría el mismo problema de la materia prima?

Sí, pero en menor medida. La materia prima que voy a necesitar en primera instancia para estas iniciativas son los metadatos, que se dividen en:

  • Técnicos: Extraídos de los sistemas y las BBDD. Suelen ser totalmente confiables ya que definen a nivel técnico las características de los datos. El mayor problema que entrañan es su abstracción, estandarización y entendimiento.
  • Operacionales: Extraídos de los procesos y sus ejecuciones. A menudo, su adquisición no es todo lo sencilla que nos gustaría y a veces podemos encontrarnos ante situaciones donde tendremos carencias de información en este aspecto, pero, por norma general, y además cada vez más, su exposición se trata de estandarizar para facilitar su captura y comprensión.
  • De negocio: Existen en las cabezas de las personas y, si estas los han digitalizado en algún momento, también existirán en algún repositorio del que se puedan extraer. Son los que mayor complejidad encierran y también los que más valor ofrecen, pero también son los que con mayor facilidad vamos a poder obtener gracias al aprendizaje continuo de los algoritmos de IA.

IA en Anjana Data

Seguro que a estas alturas te estás preguntando… ¿y qué aplicaciones de IA está empezando a implementar Anjana Data para ayudarme con mis iniciativas de gobierno del dato? Todavía no podemos hacer mucho spoiler (por eso de la competencia) pero sí que podemos dejaros algunas ideas:

  • Mejora de experiencia en la búsqueda de objetos tanto de negocio como técnicos con propuestas basadas en la interacción de los usuarios. Similar a lo que hacen los motores de búsquedas más potentes.
  • Sugerencia de objetos y elementos que pueden ser de interés en base a tu uso de la aplicación, por ejemplo, para solicitar acceso a datos. Similar a la experiencia de compra en las plataformas de ecommerce.
  • Inferencia y sugerencia de términos y metadatos de negocio gracias al Procesamiento de Lenguaje Natural, detección de patrones y las relaciones entre los objetos.
  • Descubrimiento de relaciones entre objetos (traza, linaje) basado en algoritmos de detección de similitudes y medición de la distancia euclídea.
  • Detección inteligente de Golden Sources y Golden Records en base a los metadatos, la calidad de los datos y el uso de los datos por parte de los usuarios, así como de datos críticos y/o calientes.
  • Detección de objetos y/o elementos duplicados o similares y propuesta de mejora de las estructuras de datos (localización, modelo de datos, rendimiento, particionamiento, …) en base al uso de los datos por los usuarios y los procesos.
  • Detección de cuellos de botella en los procedimientos internos de gobierno y recomendaciones predictivas para la mejora de estos.
  • Identificación de malos usos de los datos en base a los términos de licencia especificados y el uso real de los mismos.
  • Identificación de anomalías en procesamiento de datos en base al comportamiento habitual de las plataformas monitorizadas

Como puedes ver, en Anjana Data queremos ofrecer a nuestros clientes capacidades totalmente diferenciales, innovadoras y disruptivas dentro de nuestra solución de Gobierno del Dato y por ello te animamos a que conozcas nuestra solución, su estado actual, y hacia dónde nos dirigimos.

No pienses sólo en el presente, ten en cuenta que el futuro está a la vuelta de la esquina.

 

Artículo Tomado De: https://www.computing.es/analytics/opinion/1115454046201/aplicando-inteligencia-artificial-al-gobierno-del-dato.1.html

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